El Congreso aprueba que la violencia machista sea una especialidad jurídica como mercantil o penal

El Congreso aprobó este jueves la ley destinada a mejorar la formación de los jueces en igualdad, después de que fallos como el de la 'la Manada' o escenas como los insultos propinados por un juez a una víctima de la violencia machista hayan indignado a buena parte de la sociedad. Todos los partidos apoyaron la iniciativa, registrada por el PSOE antes de conocerse la polémica sentencia sobre la violanción en los Sanfermines, en cumplimiento de varias de las recomendaciones incluidas en el pacto de Estado contra el maltrato.

Tras una tramitación parlamentaria más rápida de lo habitual, dado el acuerdo existente, la ley establece que para obtener la condición de magistrado especialista en violencia contra la mujer, con preferencia en la provisión de plazas, los aspirantes deberán superar pruebas selectivas "análogas" a las que superan los jueces especializados en mercantil, penal, menores o social. 

En la actualidad la especialidad se obtiene con un cursillo online y 10 días de práctica. En total, 50 horas lectivas. Si bien, otros destinos requieren el estudio de un amplio temario sobre la legislación concreta, que los aspirantes tardan en torno a uno o dos años en aprender para superar las pruebas. 

Ingreso y promoción

Además, para el ingreso en las carreras judicial o fiscal, o la promoción en las mismas, los aspirantes deberán estudiar "el principio de igualdad" entre hombres y mujeres, "incluyendo medidas en materia de violencia y su aplicación con carácter trasversal en el ámbito de la función jurisdiccional". Y el plan de formación continuada de la carrera judicial contendrá también cursos específicos en esta materia.

Buena parte de los operadores judiciales, los especialistas y los colectivos de mujeres han reclamado en el último año con insistencia que se mejore la formación de los jueces. Una demanda que se ha incrementado ante los últimos casos de violencia machista, donde las asesinadas habían denunciado a su verdugo y aún así el sistema no supo protegerlas. En ocasiones, por fallos del juez, y en otros por otras circunstancias. Los últimos tres casos han tenido lugar esta misma semana.  

Dependencias privadas

Teniendo en cuenta este clamor, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se adelantó el pasado septiembre a la aprobación de la ley y ofreció la posibilidad de que todos los magistrados que instruyen casos de maltrato, en juzgados mixtos y de lo penal, y no solo en los especializados en violencia sobre la mujer, hagan el curso de 50 horas de duración. 

La normativa ahora aprobada y que se trasladará al Senado acuerda, por su parte, reforzar la especialización de los juzgados de lo penal, bien de manera exclusiva, cuando el volumen de trabajo lo justifique, bien de manera compatible con otras materias. Asimismo reclama que se instalen dependencias que permitan a las víctimas -también las de trata o violaciones- declarar sin la presión que supone que el presunto agresor esté delante. 

Apoyo unánime

Todos los partidos apoyaron la iniciativa, pero avisaron de que no es suficiente en la difícil lucha contra la violencia machista, que este año ha asesinado a 43 mujeres, solo una menos que en el mismo periodo del año anterior. De hecho, la portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, recordó que el pacto antimaltrato se aprobó hace más de un año y esta es la única reforma legal que ha salido del Congreso, las demás están en fase más incipiente.