Un juez de Barcelona investiga la difusión de datos de la víctima de 'La manada'

Un juez de Barcelona investiga la difusión de la fotografía y los datos personales de la víctima de 'La manada', después de que la Policía Nacional haya identificado a un internauta de la capital catalana como presunto autor de la filtración, como avanzó EL PERIÓDICO.

El magistrado que se encargará del caso es el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabares. De entrada, ha abierto diligencias en relación con una denuncia que le ha remitido un juzgado de Madrid por la filtración, dado que el presunto autor de la misma es vecino de la capital catalana.

Por el momento, el magistrado está a la espera de recibir la documentación sobre el caso que debe remitirle el juzgado de Madrid y, por ahora, no ha concretado el delito que podría imputarse al internauta responsable de difundir a través de internet los datos de la víctima del ataque sexual de los Sanfermines del 2016.

El internauta, que ha sido identificado por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, es un hombre de 40 años que se hace llamar Eric y que vive con su padre, en su casa del distrito de Horta-Guinardó. Es seguidor de la Legión. El identificado usó presuntamente el wifi de una vecina para conectarse a internet y volcar los datos de la víctima de 'La manada', según fuentes policiales.

Rastreo de dirección de internetl

El tribunal que juzgó los hechos, ocurridos en San Fermín del 2016, no incluyó en la sentencia ningún dato personal de la joven que fue agredida sexualmente por cinco hombres, a los que se condenó a 9 años de cárcel.  Poco después de hacerse pública la resolución, en las redes sociales y algunos medios digitales publicaron el nombre, los apellidos, imagenes y hasta copia del DNI de la víctima, una joven madrileña que cuando sucedió la agresión sexual en Pamplona tenía 18 años. Sus datos salieron a la luz por la inclusión de un código seguiro de verificación en el fallo judicial distribuido a los medios de comunciación. Ese código permitía acceder a la sentencia original con todos los datos sin proteger, tanto de la víctima como de los condenados.

El abogado de la joven presentó denuncia y la policía investiga el caso desde entonces. Las pesquisas permitieron descubrir que el ataque informático a la víctima se había iniciado desde dos ordenadores, dos direcciones IP. El informe policial concluye que una de esas dos conexiones estaba "vinculada a una VPN (red privada virtual) de un servidor extranjero", de forma que no se ha podido seguir la pista de su responsable.

Más suerte tuvieron los agentes con la otra IP desde la que se difundieron los primeros datos de la víctima. En esta ocasión, el ordenador estaba en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó.