El Gobierno impulsa nuevas medidas del pacto contra la violencia machista

El Gobierno presentó este martes a los grupos del Congreso un documento con 14 enmiendas destinadas a implementar nuevas medidas del pacto de Estado contra la violencia machista. La intención del Ejecutivo, en aras a mantener el histórico consenso, es que todos los partidos presenten, de manera conjunta, enmiendas al proyecto de ley de medidas urgentes, que emana del real decreto aprobado en agosto y que puso en marcha las tres primeras medidas de calado: devolver a los ayuntamientos las competencias, que no sea necesario denunciar para acceder a las ayudas y que los menores puedan recibir tratamiento psicológico sin permiso del padre, si este está incurso en un proceso por violencia machista. 

Las enmiendas, que serán debatidas en una reunión con los grupos el jueves, suponen la adaptación de la ley integral contra esta lacra al pacto, que pide abrir la legislación al resto de violencias contra las mujeres y proteger mejor a los hijos. De ahí que entre las propuestas se incluya la de restringir más el régimen de visitas y la custodia a los padres maltratadores, así como las visitas de los menores a la cárcel si este está preso.

También se contempla que las víctimas reciban un acompañamiento incluso antes de interponer la denuncia y que las madres cuyos hijos sean asesinados por sus parejas o exparejas sean consideradas víctimas. El ejemplo más conocido es el de Rutz Ortiz. 

Los reproches cruzados

El PSOE dio a conocer estas medidas en una jornada, por un lado, desatinada respecto a la unidad que los partidos intentan impostar y, por otro, trágica, con una nueva asesinada más. Y es que el PP intentó que el Congreso tramitara los cambios a la ley integral que el Gobierno de Mariano Rajoy diseñó cuando estaba en el poder pero que no llegaron a ver la luz debido al relevo en La Moncloa. Pero el resto de partidos tumbaron el intento, con duras críticas a los populares por su intención de "colgarse" ahora "la medalla" de implementar el pacto cuando "frenaron" su aprobación y apenas hicieron nada para su puesta en marcha. 

Y es que, según la oposición, la tramitación de un nuevo proyecto legal, en lugar de presentar enmiendas al que ya está en elaboración, no haría sino retrasar la aprobación de las medidas. El PP contraatacó y repartió entre la prensa un documento con el que intentó demostrar que el Gobierno "copió" su real decreto del proyecto que registró en junio en el Congreso.