Violencia machista
Las empleadas públicas víctimas de violencia de género podrán pedir traslado entre administraciones
La ministra de Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado que esta medida pretende garantizar un "entorno seguro y de libertad" para todas las mujeres
Miguel Ángel Rodríguez
Periodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
Miguel Ángel Rodríguez
Las empleadas públicas víctimas de violencia de género podrán pedir, además de la movilidad territorial, el traslado entre las diferentes administraciones del Estado, de las comunidades autónomas y de las locales, algo que hasta ahora no estaba comprendido en el Estatuto básico del Empleado Público. Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tras concluir la conferencia sectorial de Administraciones públicas que llevaba sin reunirse nueve años.
Una de las principales demandas contra violencia de género que venía reclamándose desde hace años se ha materializado en esta reunión a la que han acudido los consejeros de las distintas comunidades autónoma. De esta forma, todas aquellas mujeres victimas de violencia machista tendrá preferencia a la hora de solicitar el traslado a otra localidad alejada del maltratador, aunque esto conlleve una movilidad a una administración diferente. "Hay que garantizar un entorno seguro, de libertad y desarrollo profesional y personal a cualquier mujer víctima de violencia de género", ha subrayado Batet antes de asegurar que aún hay "demasiadas manifestaciones de desigualdad y de machismo en todos los ámbitos de la sociedad".
Esta medida, que según la ministra, entrará en vigor "lo más rápidamente posible" después de que las distintas administraciones adapten sus regulaciones, da cumplimiento a la medida 88 del pacto de Estado contra la violencia de género. Batet ha insistido en el "compromiso" del Gobierno por lograr "entorno favorables de desarrollo y libertad para todas las mujeres".
Mejora de las condiciones laborales
La conferencia sectorial, en la que Catalunya ha estado representada por un secretario general en lugar de un consejero autonómico, se ha reunido con el objetivo de tratar de mejorar las condiciones de los empleados públicos que, en opinión de la ministra, "después de los años de crisis económica han perdido algunas condiciones laborales importantes". Además, han tratado diversas políticas de movilidad de empleo público que permitan el traslado interadministrativos, lo que permitiría a los trabajadores alcanzar un conocimiento más global de toda la estructura del Estado.
Según ha explicado la ministra, la conferencia volverá a reunirse en el primer trimestre del año 2019 y contará con la presencia de un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presidida por Abel Caballero.
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