31 oct 2020

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España impulsa una directiva para obligar a las empresas a tener consejos paritarios

El Congreso acepta tramitar la ley de igualdad laboral, que fija cuotas para las compañías españolas

La oposición critica que varios de los preceptos de la norma no tengan caracter "ejecutivo"

Patricia Martin

Carmen Calvo, este martes en el Senado. 

Carmen Calvo, este martes en el Senado.  / JOSÉ LUIS ROCA

España impulsará junto a Italia, Portugal, Francia y Bélgica, entre otros Estados, que la UE obligue, mediante una directiva, a que los consejos de administración de las empresas sean paritarios. El anuncio lo efectuó este martes la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, horas antes de que el Congreso debatiera la admisión a trámite de ley de igualdad laboral del PSOE, que exigirá precisamente a las compañías españolas a que tengan al menos un 40% de mujeres en sus órganos directivos en el 2023. En la actualidad el porcentaje de féminas se sitúa en el 27%.

“Este Gobierno quiere impulsar la Europa social, la Europa que refuerza las democracias, los derechos y las igualdades […] y para ello es necesario que las mujeres compartan el poder en el ámbito empresarial porque solo de esta manera seremos capaces de trabajar con aquellas circunstancias que hace posible la vida profesional, laboral y personal”, defendió Calvo.

La mayoría de partidos apoyaron la admisión a trámite de ley de igualdad laboral del PSOE, pero la oposición avisó al Gobierno de que se trata de una legislación vaga, que “plagia” buena parte de la ley de igualdad del 2007 y que tiene complicado acabar con la desigualdad laboral al carecer de poder “ejecutivo”. De hecho, la norma aprobada hace 11 años ya recomendaba a las empresas a tener consejos de administración paritarios, pero no se ha cumplido al ser una mera sugerencia.

Las sanciones

La ley que ahora empieza su andadura parlamentaria sí incorpora sanciones para tratar de hacer efectivo su contenido, pero las mismas están basadas en definiciones poco concretas. Por ejemplo, la normativa propone multas de hasta 50.000 euros por “impedir el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación”, pero sin definir concretamente cómo se articula el nuevo derecho en materia horarios. Tampoco incorpora sanciones claras por incumplir la paridad en los órganos directivos.

Hasta Podemos, que ha inaugurado un nuevo entendimiento con el PSOE que se ha plasmado en el acuerdo presupuestario, reprochó al Gobierno esta imprecisión. “La ley es confusa, pone infracciones sin incardinarlas y en términos jurídicos causa confusión”, sostuvo Yolanda Díaz. La podemista criticó además que se dé de plazo a las empresas hasta 2023 para introducir la paridad en sus direcciones y que no incorpore medidas en materia de pensiones, cuando las mujeres cobran menores prestaciones. “La norma abunda en la declaración de intenciones de la ley de igualdad y necesitamos leyes ejecutivas, que es lo que falta a esta norma”, concluyó.

"Plagios y parches"

Y en la misma línea, Ciudadanos denunció que la ley copia artículos enteros de la legislación precedente e incorpora “términos jurídicos indeterminados” por lo que las sanciones “serán inoperativas”. “No es el momento de plagiar ni de poner parches”, sentenció Patricia Reyes.

La ley se tramitará por vía de urgencia, según se aprobó este martes en la Mesa del Congreso, y a tenor del primer debate es previsible que el resultado final incorpore varios cambios dado que los grupos presionarán para corregir las deficiencias encontradas. Además el PSOE prevé introducir enmiendas para atajar la brecha salarial, que es objeto de otra norma pero que podría, de esta forma, fusionar con la ley de igualdad laboral.