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LA NUEVA MOVILIDAD

València cobrará a las motos de reparto por estacionar en la vía pública

Propone permitir a las bicis circular en contradirección en calles de la 'zona 30' y saltarse algunos semáforos en rojo para girar a la derecha

Los patinetes eléctricos podrán ir por el carril bici, calles peatonales y calzadas 'pacificadas' y no necesitarán casco, salvo los tipo 'segway'

Nacho Herrero

Motos de reparto aparcadas en una acera de València.

Motos de reparto aparcadas en una acera de València. / MIGUEL LORENZO

Los servicios municipales del Ayuntamiento de València estudian ya el borrador de la nueva ordenanza de movilidad de la ciudad al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que facilitará los desplazamientos en bicicleta y regulará los que se hacen en patinete eléctrico. Entre otras medidas establecerá que las flotas de motos de reparto tengan que pagar una tasa por estacionar en la vía pública como hacen las terrazas de los bares. Incluso les vetará aparcar en ciertas aceras.

Giusseppe Grezzi, concejal de movilidad, apuntó que el "principio básico que impregna la ordenanza es la protección del espacio público de calidad" y que el orden de prioridad con el que ha sido redactado el texto lo encabezan los peatones, seguidos del transporte público, las bicicletas, los vehículos de movilidad personal y posteriormente, motos y coches.

Para la bicicleta se mantiene la prohibición en las aceras, salvo los menores de ocho años, y el permiso a velocidad reducida (no más de 10 kilómetros por hora) por calles peatonales o jardines. Siguiendo la estela de los países europeos con más tradición en el uso de este transporte, se potenciará la creación de carriles bici en contra dirección en ciclocalles y se permitirá la circulación en contra dirección sin necesidad de estos en toda la ‘zona 30’, aunque sin prioridad.

Pasos de peatones

Igualmente se mantendrá que estos vehículos puedan cruzar por los pasos de peatones, aunque a la velocidad de estos y al menos a un metro, y se permitirá que en algunos semáforos señalizados se puedan saltar el disco en rojo para girar a la derecha.

En cuanto a los patinetes eléctricos tendrán prohibida la circulación por las aceras y también por la calzada, como norma general. Deberán ir por los carriles bicis, a un máximo de 20 kilómetros por hora si están a la altura de la calzada y de 15 si están a la altura de las aceras. Igualmente podrán circular por zonas peatonales, zona 30, ciclocalles y vías de sentido único.

No será necesario el uso de casco, salvo en los tipo ‘segway’, y los grupos de turistas tanto en bicis como en patinetes no podrán ser de más de quince. Aquellos patinetes que no sean eléctricos sí podrán ir por las aceras pero a la velocidad de los peatones. La actual ordenanza, de 2010, lo prohibía.

Además, y tras el polémico desembarco de algunas empresas de alquiler de patinetes sin base fija, se recalca la necesidad de que obtengan previamente una autorización municipal, que según se avanzó incluirá una tasa.

La tasa de la pizza

El borrador establece que las motos deben aparcar en las plazas que tienen en la calzadas pero mientras se amplía el número abre la puerta a que lo hagan en determinadas condiciones en aceras de más de tres metros. Eso sí, prohibe que las flotas de motos de reparto aparquen tanto en unas como en otras y apunta que la "regulación" y la "tasa de uso" que deberán pagar, al estilo de la que ya pagan los bares y los restaurante por las terrazas o las fruterías por sus expositores, se regulará en las normativas correspondientes.

Todos pueden denunciar

El borrador plantea que las denuncias no sean exclusiva de la Policía local. De este modo, se prevé formar y dotar de los elementos necesarios para poder denunciar infracciones tanto al personal que vigila el estacionamiento regulado como al de la EMT. En ambos casos, podrán hacerlo tanto de incumplimientos en sus ámbitos como por "vulneración de las normas generales.

Pero, además, se abre la puerta a que los ciudadanos particulares también puedan dennunciar, verbalmente si hay un agente en las inmediaciones o por escrito ante el órgano sancionador dejando todos sus datos y los que se posean del posible infractor.

El documento debe ser negociado ahora con los diferentes servicios municipales, aprobado en la junta de gobierno y superar el periodo de alegaciones públicas. La previsión es que pueda entrar en vigor a principios de 2019.