Un grupo de expertos revisará la prescripción de los abusos a menores

Emiliano Álvarez empezó a sufrir abusos por parte de un sacerdote cuando tenía 10 años. El miedo, el dolor y la vergüenza de lo que sufrió acabaron con su infancia y marcaron su vida adulta. Hoy tiene 52 años y hasta hace dos no fue capaz de contar y denunciar lo que vivió. Su caso forma parte de la campaña ‘Rompamos el silencio’, puesta en marcha por Save the Children frente al abuso, pero también contra el encubrimiento y la impunidad que envuelven las violaciones de niños. Y es que el caso de Emiliano estaría hoy prescrito. Por ello, víctimas y oenegés presionan al Gobierno para que amplíe los plazos de expiración del delito, de forma que los afectados tengan más tiempo para dar el difícil paso de revelar lo que sufrieron y buscar que los culpables cumplan condena.

El Ejecutivo comparte que hay que mejorar la protección de los menores expuestos a situaciones de violencia, por lo que está elaborando una ley integral leydestinada a prevenir y erradicar todo tipo de agresiones a niños, que prevé tener lista en el segundo semestre del 2019. En este contexto, Justicia ha elaborado un informe en el que se muestra favorable a ampliar los plazos de prescripción para “tratar de paliar que el mero transcurso del tiempo impida iniciar la persecución penal o llegar a exigir responsabilidades de los autores” porque las víctimas “requieren en muchos casos largos años de recuperación psíquica antes de poner los hechos en conocimiento de terceros y formular la consiguiente denuncia”, según fuentes del Ministerio.

Tras la última modificación del Código Penal, los abusos a menores prescriben entre 5 y 15 años5 y 15 años a partir de la mayoría de edad de la víctima (es decir, como máximo a los 33 años). Si bien, el caso de los Maristas de Sants-Les Corts de Barcelona, entre otros, puso de manifiesto que es un tiempo insuficiente porque de los 13 profesores denunciados, solo uno se sentará en el banquillo y por cuatro de las 17 denuncias.

La petición del Congreso

De hecho, el Congreso aprobó recientemente una moción de ERC que reclama que los cómputos comiencen a contar cuando el niño que haya sufrido el ataque sexual cumpla 30 años, en línea con la legislación alemana. Si bien, Justicia considera “prematuro” fijar este plazo sin hacer más análisis y es favorable a dejarlo más abierto, según las mismas fuentes. Por ello, propondrá la constitución de un grupo de trabajo en la Comisión General de Codificación, que depende del departamento, para que se fije en su seno la ampliación de plazo más adecuada, “tomando en consideración los recientes estudios que se han realizado sobre los delitos de abuso y agresión sexual contra menores, para evitar que los mismos puedan quedar impunes por la especial dificultad para denunciar que producen en las víctimas”.  

Se trata de la misma comisión encargada de revisar los delitos sexuales en el Código Penal y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal con perspectiva de género, tras el malestar que generó la sentencia de ‘la Manada’ que condenó a los cinco acusados por abusos y no por violación. El Gobierno encomendó al órgano asesor que tenga listo su informe sobre los delitos sexuales el 15 de noviembre, plazo que se amplió después de que se incorporaran mujeres, las últimas la semana pasada.

Si bien, varios miembros de la comisión, consultados por EL PERIÓDICO, revelan que no se han vuelto a reunir desde junio, pese a que el tiempo apremia. Antes del verano se repartieron algunos de los trabajos pero físicamente no se han vuelto a ver.

Otros países

La ampliación de los plazos de prescripción en los abusos a menores es un debate abierto en muchos países. En Reino Unido no prescriben y en Alemania, tal como recogió en la moción ERC, empiezan a contar a partir de que la víctima cumple 30 años.

Pero Save the Children y otras organizaciones que trabajan con la infancia, que en un principio abrazaron la idea de los 30 años, en el último borrador de ley contra la violencia hacia los menores entregado al Gobierno elevaron el límite a los 50 años. Entre las víctimas, el deseo mayoritario es que la pederastia contra los niños no prescriba nunca pero Save the Children es consciente de que uno de los fundamentos del Estado de derecho español es la reinserción, por ello considera que se hace necesario fijar un límite.