El calvario de las madres que denuncian abusos del padre a los hijos

Montse, Inma y Marta son nombres supuestos. Pero ellas existen. Su caso es real. Las tres denunciaron que su pareja había abusado sexualmente de su hijo pequeño y han acabado pagando una alta factura. Los jueces les han retirado la custodia del menor al considerar que ponen al niño en contra de su progenitor de forma maliciosa para alejarle de él. La justicia les atribuye síntomas del llamado síndrome de alineación parental (SAP), un cuadro clínico que no está reconocido por la comunidad médica ni científica. Los expertos creen "muy improbable" que una mujer se invente abusos sexuales hacia su hijo y que si lo denuncia es porque está convencida de que ha ocurrido. Sin embargo, es dificil probarlo y muchos procesos judiciales, como el de las tres mujeres citadas, se archivan. Este diario ha tenido conocimiento de, al menos, una veintena de casos similares. 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado cartas en el asunto. Fuentes del Ejecutivo español han explicado a EL PERIÓDICO que un grupo de expertos está trabajando por encargo del Ministerio de Justicia en la elaboración de un nuevo protocolo de atención a menores víctimas de abusos sexuales. Las mismas fuentes, han apuntado los profesionales y el mismo ministerio, están en “sintonía” con la declaración de la Asociación Española de Neuropsiquiatría en la que esta se mostraba en contra del uso clínico y legal del mal llamado síndrome y apuesta por su erradicación.

El Pacto de Estado contra la violencia machista en materia de justicia ya plasmaba esa preocupación. Este texto indica que se realizarán “todas aquellas actuaciones que sean necesarias para evitar que el denominado síndrome de alineación parental pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales”. Y sostiene que el SAP “carece de base científica y está excluido de los catálogos de enfermedades científicamente reconocidas, por lo que será inadmisible como acusación de una parte contra otra en los procesos de violencia de género, separación, divorcio o atribución de custodia de menores”.

Graves daños a los menores

El informe de la Asociacion Española de Neurosiquiatría, al que ha tenido acceso este diario, señala que ese mal llamado síndrome "no tiene ningún fundamento jurídico y entraña graves riesgos su aplicación”. Según esta entidad, “las complejas y con frecuencia violentas, o cuanto menos altamente conflictivas dinámicas que abocan en un litigio por la custodia de un menor, tienen que ser estudiadas específicamente. Es decir, caso a caso”.

El profesional de la salud mental, advierte, “no puede ocupar el papel de dictar la verdad o falsedad de un asunto, aspecto que corresponde a un juzgado”. En este sentido, este diario ha podido comprobar cómo los jueces utilizan dictámenes expedidos por la Unidad Funcional de Abusos al Menor (UFAM) del hospital de Sant Joan de Deu en Barcelona para descartar la existencia de abusos sexuales de menores y para retirar la custodia de los niños a las madres que lo denuncian.

La asociación insiste que estos expertos no deben tener en cuenta el SAP (“ya sea bajo esa rúbrica terminológica u otra”) porque, además de no ser correcto científicamente, se produce “un enorme potencial daño sobre menores y adultos privados de toda posibilidad de defensa”. Esta organización destaca que el SAP supone un “grave intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo”.

En su opinión, tiene un “sesgo de género”. La mayoría de los cónyuges “alineadores” son, según este síndrome, “mujeres que odian a los hombres". “Cualquier intento de estas por rebelarse ante el riesgo de la retirada de custodia de su hijo se convierte en nuevas pruebas de alineación y de programación que someten al hijo”, alega. En algunos de los casos se ha llegado a retirar la custodia madres por el simple hecho de llevar a su hijo al médico ante la sospecha de que su pareja abusaba de él.

Con la base del SAP, indicen los neuropsiquiatras, se desoyen las protestas o acusaciones del niño y de la madre de maltrato o abuso. Cualquier intento de queja del niño o la niña se convierte en nuevo síntoma de su programación. Otro de los efectos que se produce al clasificar a las mujeres es que estas no son escuchadas o tomadas en cuenta, desacreditándose su versión sin comprobar de forma precisa que sea cierta. El mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recomendado a las instituciones responsables de la formación de profesionales que intervienen en el tratamiento de la violencia machista que eliminen los contenidos que "aparezcan cargados de prejuicios, como el SAP," y garanticen una preparación "con sólidas bases científicas".  

Archivo sin investigación

Un informe de Save The Children sostiene que la mayoría de denuncias presentadas por madre o personal sanitario sobre abusos sexuales de niños "han sido archivadas sin haber llevado a cambo una investigación exhaustiva". Fuentes jurídicas apunta a la dificulta de prueba a la hora de esclarecer lo sucedido, ya que, si no hay lesiones evidentes, solo está el testimonio del menor. El pequeño, además, puede vivir los actos del progenitor como algo normal y así relatarlo.  

Esta asociación internacional, tras analizar varios casos, ha constatado la "falta de medios adecuados para garantizar el derecho de los niños y niñas de ser escuchados". En general, apunta, las pruebas periciales y las exploraciones judiciales realizadas por parte de los equipos técnicos de los juzgados se reducen a unas pocas entrevistas con el menor y con la madres, lo que los psicólogos y juristas consideran insuficiente para aclarar un caso de abuso sexual.

A su entender, "la mayor parte de las resoluciones de los juzgados de familia, una vez iniciado el proceso penal por abusos sexuales, se orienta a primar la restauración y normalización de la relación paterno filial con sus padres denunciados, frente a su protección como posibles víctimas". La lentitud de estos procesos es otro de los inconvenientes detectados, así como los "fallos importantes de rigor" en los informes periciales. La organización también ha detectado escasez en las medidas de protección respecto al niño y denuncia que las resoluciones judiciales, de entrada, "no dan crédito" al testimonio del menor, "bajo el argumento de que existe una inducción materna para la denuncia". Este hecho y ante la falta de pruebas, provoca archivos precipitadas.