El juez resalta la conducta de desprecio de Ana Julia a los padres de Gabriel Cruz

El auto dictado por el juez para procesar a Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño de ocho años Gabriel Cruz, demuestra la extrema frialdad con la que se manejó la asesina confesa en aquellos tristes días de marzo, cuando todo el país estaba pendiente de la desaparición del pequeño. Quezada “se exhibió de forma pública y notoria de modo compungido y afligido”, y buscó “hacer mas grave el sufrimiento de los padres”, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, por lo que será juzgada en un tribunal popular por un delito de asesinato, dos delitos contra la integridad moral de ambos progenitores y, además, por otros dos delitos de lesiones psíquicas a estos.

A lo largo de cinco páginas, el magistrado expone la “sobreactuación” de la mujer, por entonces pareja sentimental de Ángel Cruz, padre del niño, con desmayos fingidos incluidos. Un comportamiento que “en modo alguno podía ser real, y estaba orientado presuntamente a hacer más grave el sufrimiento de los padres”, a los que hizo creer de forma activa que “el pequeño estaba vivo” pese a que días antes le había “matado con sus propias manos”. En vez de mostrar una actitud pasiva o de espera, estima el juez, “les infundió continuos ánimos, manifestándoles que, con seguridad, podría haber sido secuestrado y que pedirían un rescate por su liberación”, y además colaboró activamente en la búsqueda. Tanto, que una de las veces simuló haber encontrado una prenda del niño “diciéndole al padre que, sin duda, pertenecía al menor por cuanto la había olido y olía a Gabriel”.

El auto, dictado después de la comparecencia de Quezada ante el juez el pasado día 17 de septiembre para informarle de que el procedimiento en su contra seguía adelante y que sería juzgada por un tribunal popular, se muestra especialmente duro con la actitud de la mujer, reseñando por ejemplo las expresiones que profirió cuando desenterró el cadáver del niño para trasladarlo a otro lugar y dificultar su localización. Ana Julia Quezada ya era la principal sospechosa de los agentes, le habían puesto escuchas, y de esa forma, pudieron descubrir atónitos que, en el interior del coche y hablando consigo misma entre susurros, se preguntó “¿Dónde lo puedo llevar yo, a algún invernadero?”, para concluir con un “¿No quieren un pez? les voy a dar un pez por mis cojones'”. Unas palabras que el auto define como “colofón de su conducta de desprecio”.

Esta actitud le sirve al juez para imputarle sendos delitos contra la integridad moral de los padres del pequeño, además del de asesinato. Y tal y como solicita el fiscal, accede a que se les practique a los padres una prueba pericial forense psiquiátrica para acreditar la comisión de dos delitos de lesiones psíquicas. “Resulta de forma presunta e indiciaria que, como consecuencia del fallecimiento de Gabriel a manos de la investigada, así como del comportamiento antes descrito de la misma, han sufrido un estado de conmoción emocional que podría haberles supuesto lesiones psíquicas todavía por determinar”.

En el auto, rechaza no obstante el delito de secuestro o detención ilegal porque, entiende el juez, “no consta” que el menor presentara oposición a marcharse con Ana Julia en dirección al cortijo de Rodalquilar donde supuestamente acabó con su vida Sobre cómo se produjeron los hechos, el auto judicial explica que la asesina confesa escogió un “lugar apartado y despoblado”, y valiéndose de su “superioridad física y de edad” y actuando además de “manera sorpresiva e inesperada, sin motivo o razón alguna acreditada”, asfixió al menor sin que “éste pudiera hacer nada por defenderse”.

A continuación, y tras intentar esconder el cuerpo “de las personas que pudieran buscarlo”, cubrió el cuerpo con las piedras que rodeaban la piscina. Y con la intención de “dar apariencia de normalidad y proporcionarse una coartada verosímil, procedió a pintar la puerta de acceso al cortijo, así como una lavadora que había en el interior del mismo”, concluye. En este sentido, el juez ha admitido realizar un examen a Ana Julia para acreditar su capacidad volitiva e intelectiva, como ha solicitado la acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor.