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medio ambiente

El Parlamento Europeo exige acelerar el desarrollo de coches más limpios

La Eurocámara propone aumentar al 40% la reducción de emisiones de CO2 de los vehículos y furgonetas para 2030

Reclama la creación de un mecanismo para medir las emisiones en condiciones reales de conducción como con las NOx

Silvia Martinez

Un coche eléctrico.

Un coche eléctrico.

La Eurocámara quiere coches más limpios circulando por las carreteras europeas y en las negociaciones interinstitucionales que abrirá en breve con el Consejo y la Comisión Europea defenderá umbrales de reducción de CO2 más ambiciosos y una cuota de vehículos eléctricos mayor que la propuesta originalmente por Bruselas. Concretamente, los eurodiputados apuestan por elevar el objetivo de reducción de emisiones al 20% en 2020 y al 40% en 2030. Para entonces, el 35% de los coches y furgonetas que los fabricantes comercialicen en Europa –el 20% en 2025- tendrán que ser obligatoriamente bajos en emisiones.

“Tenemos que ser ambiciosos con este tema”, ha reivindicado la ponente del informe, la socialdemócrata maltesa Miriam Dalli, nada más obtener el apoyo de sus colegas. Su propuesta inicial, aprobada a principios de septiembre por la comisión de medio ambiente abogaba por conseguir una reducción todavía mayor, del 45% para 2030. La presión de la industria automovilística y de los grupos de centro derecha de la cámara le ha obligado ha limar ligeramente sus expectativas que aún así siguen siendo más ambiciosas.

Hace un año, la Comisión Europea presentó un plan con un recorte del 15% para 2025 y del 30% para 2030 respecto a los niveles de 2021. Bruselas abogaba también por situar el porcentaje de comercialización de coches menos contaminantes –los eléctricos y aquellos que emiten menos de 50 gramos de CO2 por kilómetro- en un 15% para 2025 y un 30% para 2030 por fabricante. El plan de Dalli, avalado por el pleno, apuesta por obligar a las compañías a que el 35% de los coches y furgonetas comercializados sean bajos en emisiones para 2020 (20% en 2025). 

Medición de emisiones reales

A raíz del escándalo del dieselgate de hace dos años, la Unión Europea introdujo la obligación de que los fabricantes midan las emisiones de NOx en condiciones de conducción reales. La Eurocámara quiere que se haga lo mismo con el C02 a partir de 2023. Para ello reclaman a la Comisión Europea que proponga en un plazo de dos años un mecanismo de medición similar para las emisiones de CO2, por medio de un dispositivo portátil similar al que se utiliza para controlar la cantidad de óxido de nitrógeno. Hasta entonces, las emisiones de CO2 deberán estimarse a partir de los datos de consumo de combustible de los vehículos.

El informe también reclama al Ejecutivo comunitario que presente antes de que termine 2019 otra propuesta para garantizar que los consumidores reciben información precisa y comparable sobre el combustible que consumen y las emisiones contaminantes que emiten los coches nuevos. Mientras tanto, desde 2025 los fabricantes deberán informar a la Comisión sobre las emisiones de CO2 a lo largo de todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados a partir de esa fecha sobre la base de un método común.

Críticas del sector automovilístico

El informe ha sido aprobado con una mayoría de 389 votos a favor, 239 en contra y 41 abstenciones, con más holgura de lo esperado dada la división que había generado el texto entre quienes querían objetivos más ambiciosos -como los verdes- y quienes alertan de que un recorte importante dañará a la industria y al empleo en el sector automovilístico. Es el caso de ACEA, la asociación de fabricantes europeos, que ha valorado negativamente el resultado.

“Estamos particularmente preocupados por los objetivos de reducción extremadamente agresivos y la imposición de cuotas de ventas para vehículos con baterías eléctricas que los eurodiputados han respaldado”, ha avisado su secretario general, Erik Jonnaert, que avisa de que aplicar estos objetivos tendrá “un impacto muy negativo” en toda la cadena de valor del sector automovilístico porque le obligará a llevar a cabo una transformación en un tiempo récord. “Solo puedo esperar que los gobiernos nacionales traigan algo de realismo a la mesa cuando adopten los futuros objetivos la próxima semana”, ha añadido.

El siguiente paso ahora será que los 28 Estados miembros adopten su propia postura en su reunión del 9 de octubre en Luxemburgo. Una vez pactada su postura, podrán empezar las negociaciones interinstitucionales para adoptar la nueva legislación. "A partir de aquí tenemos que mirar hacia el futuro. Que yo sepa hay una mayoría de estados miembros a favor de ser más ambiciosos y me gustaría que se mantuvieran firmes", ha explicado Dalli que será la encargada de defender la posición de la Eurocámara.