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EN EL 2017

El Govern solo gastó el 60% del presupuesto contra la pobreza energética

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílias invirtió 6,4 millones de euros, pese a que la partida era de 10

Las entidades sociales exigen a la Generalitat que obligue a las empresas a asumir las deudas

Beatriz Pérez

Acción de la Aliança contra la Pobresa Energètica frente a una oficina de Endesa en Barcelona, en abril del 2018.

Acción de la Aliança contra la Pobresa Energètica frente a una oficina de Endesa en Barcelona, en abril del 2018. / JORDI COTRINA

El año pasado, el Govern de Catalunya, con Carles Puigdemont como 'president' y Dolors Bassa como 'consellera' de Treball, Afers Socials i Famílias, solo utilizó el 60% de los recursos económicos dirigidos a paliar la pobreza energética en Catalunya. En los presupuestos del 2017 había 10 millones de euros destinados a luchar contra ella, pero de esa partida solo se hizo uso de un total de 6.472.331 euros. 

Lo desveló el actual 'conseller' de Afers Socials, Chakir El Homrani Lesfar, a raíz de una pregunta del diputado del PSC Jordi Terrades publicada el pasado viernes en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). Con estos 6.472.331 euros se pagaron las ayudas de los recibos de agua, gas y luz de un total de 87.388 catalanes. O, lo que es lo mismo, de 35.251 familias. Pero son muchas más las personas que se quedaron sin cobertura, pues la pobreza energética afecta actualmente al 10% de la población, es decir, a unos 750.000 ciudadanos en Catalunya. A 325.021 hogares familiares, según un estudio de Ivàlua publicado en el 2017.

Así pues, el año pasado un 40% de los recursos económicos del Govern destinados a paliar este mal endémico no fueron invertidos en su fin. "Esto se debe a una mala gestión de los circuitos de toma de decisiones del Govern y de mala relación con los entes locales, que son los que acaban atendiendo, y subvencionando, a las personas con dificultades", explica Terrades a EL PERIÓDICO. "De hecho, no es la primera vez que le pasa esto al Govern -apunta-. En el 2015 habían previsto 5 millones de euros y se gastaron 1,5 aproximadamente".

Según la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya, las principales causas estructurales de la pobreza energética son el precio de la energía, la calidad de la vivienda y la situación socioeconómica de la persona. La Taula coorganizará, de la mano de otras entidades y administraciones, el segundo Congrès Català de Pobresa Energètica, que en Barcelona los días 6 y 7 de noviembre.

Agua, luz y gas

Como reflejan las cifras hechas públicas por El Homrani en el BOPC, la mayor parte de las ayudas destinadas a paliar la pobreza energética fueron para pagar, principalmente, los recibos de la luz. Después los del agua y después los del gas. En Barcelona, por ejemplo (que recibió más de 4 millones de euros, el 67% de la partida presupuestaria), dos millones fueron para la luz, 1,3 millones para el agua y unos 757.000 para el gas. 

Girona recibió 908.352 euros, de los cuales 349.067 fueron para la luz, 285.546 para el agua y 228.071 para el gas. Por su parte a Lleida se destinaron 478.198 euros: 332.809 para la luz, 53.686 para el gas y 85.177 para el gas. Y por último Tarragona recibió 666.961 euros, de los cuales 298.053 fueron para la luz, 190.049 para el agua y 51.335 para el gas.

La ley 24/2015

La Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) considera que la solución no pasa por que el Govern pague las facturas, sino por reforzar los servicios sociales o abrir oficinas de pobreza energética en los ayuntamientos. "Lo que debe hacer la Generalitat es firmar convenios con las empresas para que sean ellas quienes paguen las facturas y asuman las deudas de las familias", considera Maria Campuzano, portavoz de APE.

Según el informe 'Pobreza energética en España 2018',de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), la ley catalana es "la más garantista de todo el Estado porque protege a los consumidores vulnerables" frentes a los cortes de electricidad, gas natural y agua y además obliga a las suministradoras a asegurarse de que "el consumidor no está en riesgo de exclusión residencial antes de proceder al corte". 

La ley 24/2015, la de la lucha contra la pobreza energética y los desahucios, fue una de las que recurrió el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2016 ante el Tribunal Constitucional (TC), quien suspendió los artículos relativos a la vivienda. Pedro Sánchez se ha comprometido a reinstaurarla, pero de momento sigue bloqueada ante el TC. Gobierno y Govern se culpan de que así sea.