El Congreso apoya aumentar el plazo de prescripción en los abusos a menores

España dio este martes un paso simbólico para que el plazo de prescripción en los delitos de abusos sexuales a menores aumente, en línea con las demandas de las oenegés que trabajan con niños y las víctimas. El pleno del Congreso aprobó por unanimidad una proposición que reclama que el cómputo comience a contar cuando el niño que ha sufrido la violación cumpla los 30 años de edad, para así dar más tiempo a los afectados a dar el difícil paso de denunciar la situación. 

La legislación vigente marca que los abusos prescriben entre 5 y 10 años a partir de la mayoría de edad de la víctima y dependiendo de la fecha en la que sucedieron los hechos. Un plazo que el caso de los Maristas de Sants-Les Corts de Barcelona –entre otros- puso de manifiesto que es insuficiente dado que de los 13 profesores denunciados, solo uno irá a juicio y por cuatro de las 17 denuncias, según recordó la diputada de Podemos María del Mar García.

La proposición no de ley, que no es de obligado cumplimiento, salió adelante pese a que ERC, el grupo proponente, rechazó las enmiendas de Ciudadanos, Podemos y el PP en las que se reclamaba que sea una comisión de expertos la que fije los nuevos plazos, con el argumento de que se requiere un debate más riguroso. El PSOE, en cambio, mostró su apoyo sin matices, en un contexto en el que el Gobierno ha dado los primeros pasos para aprobar una ley contra la violencia infantil, que contendrá medidas contra los abusos y que se ha comprometido a llevar a las Cortes en el segundo semestre del 2019. Si bien, Save the Children y activistas como el pianista James Rhodes, que sufrió violaciones reiteradas por parte de un profesor, reclaman a Pedro Sánchez que acelere el proceso, no sea que las turbulencias de la presente legislatura acaben con anticipo electoral y la ley se quede en el cajón.

Los presupuestos

La proposición de ERC, que emana de una iniciativa de la Conselleria de Justícia, reclama además incorporar en los próximos presupuestos una partida destinada a atender a las menores porque, en palabras de la parlamentaria republicana Carolina Telechea, es “necesario y urgente garantizar derecho de las víctimas a denunciar los abusos y acabar con la impunidad de los agresores”.