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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El fiscal pide 6 años de prisión para la excúpula de la ACA por contratos a dedo

La acusación pública sostiene que prevalecieron los intereses privados a los económicos

J. G. Albalat

Joan Lluis Quer, saliendo de los juzgados en julio del 2017, tras declarar como imputado.

Joan Lluis Quer, saliendo de los juzgados en julio del 2017, tras declarar como imputado.

El fiscal solicita en su escrito de acusación seis años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos contra cuatro exaltos cargos y técnicos de la Agència Catalana del Aigua (ACA), entre ellos el que era su director Manuel Hernández, por la presunta adjudicación a dedo en el 2008, durante la época del gobierno tripartito, de informes de consultoría. En la trama están implicados dos empresarios, para los que se les reclama la misma pena. Uno de ellos es Joan Lluís Quer, administrador de Auding y que antes había sido gerente de la ACA (2000-2004) y, posteriormente, durante el ejecutivo de Artur Mas (CiU), ocupó la presidencia de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat.

La fiscalía sostiene que los acusados actuaron "con un plan preconcebido" con "la evidente intención de procurarse un ilícito beneficio económico", favoreciendo a "sus intereses privados" en "detrimento" del público. Los hechos se remontan a septiembre del 2007, cuando la ACA, que dependía entonces de la Conselleria de Medi Ambient (dirigida por Francesc Baltasar, de ICV), tramitó por concurso abierto un contrato de consultoría para la redacción del plan de gestión de la cuenca fluvial en Catalunya. Antes de la publicación de esta licitación, según la acusación, altos cargos de la agencia se reunieron de “manera reservada” con los dos empresarios investigados.

Al final, el contrato, por un importe de 3,75 millones, fue adjudicado en enero del 2008 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) DMA-Gestió, una agrupación de tres consultorías de ingeniería representadas por Quer. La acusación sostiene que el director del ACA, Manuel Hernández, lo firmó de forma “arbitraria” y “a sabiendas de que con ello anteponía los intereses privados” a los públicos. En ese mismo contrato se especificaba que quedaba abierto a otros presupuestos complementarios, lo que de hecho permitía que el adjudicatario escogiera libremente ofrecerlos a otras empresas como subcontratas. Y eso es lo que pasó.

Contratos fraccionados

La fiscalía relata que entre octubre y diciembre del 2008, los acusados, “puestos de común acuerdo, constituyeron un artificio formal para enmascarar un beneficio ilícito” en favor de la UTE DMA-Gestió. La ACA formalizó un total de 38 contratos por trabajos complementarios o adicionales por 3,9 millones de euros. Menos tres de ellos, el resto superan los 18.000 euros, límite máximo para la adjudicación directa.

La acusación incide también que algunos de los imputados, con el pleno conocimiento del resto, “procedieron a fraccionar de manera artificiosa” el objeto de algunas tareas del contrato principal, con la finalidad de que algunas labores pudieran ser adjudicadas de manera directa a empresas seleccionadas por la UTE DMA-Gestió. La Generalitat denunció estas irregularidades ante la fiscalía, pero ha rechazado acusar y reclamar.

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