Ir a contenido

Pequeño comercio

El Gobierno se pone las pilas contra el 'top manta'

Creará una Mesa contra el Intrusismo, que actuará para que los consumidores no compren productos ilegales

El ministerio de Industria y Comercio elabora un estudio que cuantifique los daños económicos que provoca esta actividad

Sara Ledo

Top Manta en el paseo de Joan de Borbó, este jueves 12 de julio.

Top Manta en el paseo de Joan de Borbó, este jueves 12 de julio. / ELISENDA PONS

La batalla contra el 'top manta' requiere de una estrategia global, un plan de choque que "implique a las diferentes administraciones", decía hace unas semanas la alcaldesa de Roses, Montse Mindan, apoyada por la Associació Catalana de Municipis (ACM), en relación a un problema al que se enfrenta todo el litoral catalán: la venta ambulante ilegal. Un inconveniente que ha llegado a oídos de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha acordado este martes con las comunidades autónomas hacer frente a esta lacra con la creación de una "mesa contra el intrusismo" que sentará las bases de un futuro plan nacional contra la piratería.  

La venta ilegal afecta directamente al pequeño comercio, sobre todo en verano, en algunos de los puntos más turísticos de España, como es el caso de Barcelona, Valencia o Madrid y genera pérdidas de competitividad que, por ejemplo, en el caso de los chiringuitos del Port Vell se calcula que suponen una reducción del 30 % en sus ingresos, según los comerciantes. Y aunque no se tienen datos precisos sobre las pérdidas económicas, tanto asociaciones como municipios se quejan constantemente de los problemas de competencia desleal que suponen.  

Siendo consciente de que el uso del espacio público es competencia municipal, la ministra ha decidido empezar por educar a los consumidores. "Actuaremos protegiendo a las personas que se ven abocados a esta venta ilegal (manteros) para no ir en contra de ellas, sino con una campaña de concienciación hacia los consumidores, para que no compren", anunció Maroto al término de la Conferencia Sectorial de Comercio que reunió a representantes de las 17 comunidades y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que estuvieron presentes la directora general de Comerç, Montserrat Vilalta, y el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer i Tamayo.

"La venta ilegal no solo supone una competencia desleal para el comercio físico sino que  genera una imagen mala y distorsionada de nuestro país", explicó la ministra que confirmó que su ministerio está elaborando un estudio que cuantifique los daños económicos que provoca la venta ilegal en las calles españolas. 

Reto de la digitalización

La ministra que en no pocas ocasiones ha manifestado su intención de modernizar el comercio minorista para que pueda competir con las grandes corporaciones que se están extendiendo en internet ha mostrado a las autonomías la hoja de ruta del Gobierno en este ámbito. En este sentido, y dentro del plan de comercio minorista del horizonte 2019-2020, Maroto prevé la creación de un observatorio de comercio 4.0 que sirva de "foro de diálogo y análisis de las debilidades y fortaleza de nuestro comercio" en el que debatir e identificar medidas concretas para adaptar los comercios a la digitalización.

Por su parte, el Gobierno también planteó la oportunidad que suscita utilizar el comercio como palanca contra la despoblación del medio rural a través de una estrategia nacional que, según Maroto, fue muy bien acogida tanto por las comunidades autónomas como por la FEMP. Entre las medidas que se plantearon destaca una iniciativa para ayudar a los comerciantes en su adaptación digital para otorgarles los conocimientos necesarios para desarrollar la venta online a través de plataformas, así como para los habitantes del medio rural. Además, recordó Maroto el interés del Gobierno por llevar a cabo medidas que faciliten el relevo generacional.