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Informe de expertos

Un informe del ayuntamiento niega a la Iglesia cualquier derecho sobre la Mezquita de Córdoba

El análisis histórico y jurídico del monumento inmatriculado en el 2006 certifica que su propiedad siempre ha estado ligada al Estado

El Cabildo cuestiona los argumentos "ideológicos" y considera la polémica un "ataque a la comunidad católica"

Julia Camacho

El Cabildo catedralicio asegura que numerosas instancias judiciales rebaten dicho estudio. / ATLAS VÍDEO

El análisis histórico y jurídico realizado por una comisión de expertos a instancias del Ayuntamiento de Córdoba concluye que “la Iglesia católica no tiene ni puede tener título de propiedad alguno sobre la Mezquita Catedral”. De esta forma el registro a su nombre realizado en 2006, bajo la premisa de su uso y posesión a lo largo de los años, fue “indebido” y carecería de validez jurídica, por lo que el consistorio tendría toda la “legitimidad” para acudir al Constitucional y revertir su inscripción en el Registro de la Propiedad. Un proceso que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que piensa llevar a cabo. El Obispado de Córdoba cuestionó ayer los argumentos “ideológicos” del informe, apuntando a que la polémica sobre la titularidad de la Mezquita es “ataque a la comunidad católica”.

En el informe, presentado ayer en Córdoba tras meses de trabajo, han participado historiadores, constitucionalistas como Carmen Calvo (antes de ser nombrada vicepresidenta) y el exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza. En sus 20 páginas, los expertos desgranan la estrecha relación de las administraciones públicas (la Corona, el concejo o el ayuntamiento) a lo largo de la historia con el edificio, y dejan claro que no hay rastro documental en los archivos religiosos de que la Mezquita perteneciera a la Iglesia antes del 2006.

Es más, dudan incluso de que se produjera la donación expresa por parte del rey a la Iglesia católica en 1236, tal y como el Obispado argumentó para justificar el hacerse con la propiedad. El informe rememora la negativa de Isabel de Castilla a dar la licencia a la Iglesia para hacer obras en la Mezquita, o un incidente a cuenta de unas obras en 1910 durante el cual el Obispado “reconoció con claridad la titularidad estatal” del edifico. Por el contrario, la intervención del ayuntamiento sobre el inmueble “continúa siendo una constante”, aunque el informe concede que la Iglesia se ha encargado siempre de su uso como lugar de culto y ha tenido su “posesión”, que no su propiedad, gestionando los 10 euros que dejan como entrada cada uno de sus 1,8 millones de visitantes anuales.

En sus conclusiones, el dosier apunta a la posible responsabilidad del Registro de la Propiedad al omitir el deber de comprobación, pues al tratarse de un Bien Público, como lo reconoce la declaración de Patrimonio de la Humanidad, no puede ser inscrito a titularidad de nadie. Para los expertos, el reconocimiento de la autoridad eclesiástica como fedatario público rompe también el principio constitucional de igualdad de todos los españoles, e incluso se plantea el conflicto que supondría reconocer la propiedad del edificio a una institución regida por normas de un Estado distinto al español (Estado Vaticano).

Así, aunque el ayuntamiento no podría poner la Mezquita a su nombre, sí podría reclamar la nulidad de la inscripción. No obstante, el comité de sabios aboga por que sea el Gobierno quien inicie un proceso en bloque para evitar miles de pleitos judiciales. Y es que fuentes de la Iglesia llegaron a situar en 40.000 la cifra de inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015 gracias a la reforma de la ley hipotecaria con el Gobierno de Aznar, desde parroquias a plazas, monolitos o montes.

Las reacciones de la Iglesia al informe no se hicieron esperar, y hacen entrever que la reversión de la inmatriculación será un proceso arduo. En un comunicado, el Obispado cordobés puso el acento en que “numerosas instancias judiciales y de la Administración”, como la Dirección General de Patrimonio, han apuntado que la Mezquita no consta en el inventario de bienes del Estado, “reconociendo que es propiedad de la iglesia desde 1236”. El Cabildo cree no hay argumentos “jurídicos” para avalar la propiedad pública del inmueble, por lo que piden a los políticos “no alimentar” una “falsa polémica” que, dicen, “solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba”.