Trump intensifica su asalto a la protección medioambiental con la desregulación de emisiones de metano

En un cañoneo constante, Donald Trump prosigue su asalto al legado de protección medioambiental que dejó Barack Obama. Tras dos medidas promovidas este agosto con las que desbarata las regulaciones sobre emisiones contaminantes de vehículos y de plantas eléctricas de carbón, ahora la Administración del presidente que ha sacado a Estados Unidos del Acuerdo de París ha puesto en su diana el control de las emisiones de metano, que fue el tercero de los ejes de la lucha contra el cambio climático de su predecesor. Aplauden las industrias del petróleo y el gas, responsables de aproximadamente un tercio las emisiones de este gas de efecto invernadero; los especialistas en medioambiente se llevan, una vez más, las manos a la cabeza y el propio Gobierno, aunque promete ahorro económico (de 75 millones de dólares al año), admite que se elevan los riesgos para la salud de los ciudadanos con su propuesta.

Como en los dos casos de desregulación de este verano, la propuesta sobre el metano presentada el martes por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) no entrará en vigor inmediatamente. Ahora se abre un proceso de discusión pública que podría acabar con algunos cambios en la normativa. La línea marcada, no obstante, es clara: se reduce la frecuencia de las pruebas para monitorizar y prevenir durante las extracciones de gas y petróleo las fugas de metano, un gas no tan prevalente como el dióxido de carbono (que está 200 veces más presente en la atmósfera) pero con mucha mayor potencia para calentar la atmósfera pues atrapa hasta 28 veces más calor.

La EPA de Obama marcó que esas pruebas debían realizarse dos veces al año, pero bajo Trump se rebaja la frecuencia a solo una prueba anual, con el antiguo lobista de la industria energética Andrew Wheeler como administrador en funciones de la agencia tras la dimisión de Scott Pruitt por escándalos de corrupción. En caso de lo que se llaman “pozos marginales”, con poca producción, se permite hacer controles una vez cada dos años. Además se dobla el plazo para arreglar las fugas (de 30 a 60 días), se elimina el requisito de un ingeniero profesional para certificar el diseño del equipamiento y se permite a las empresas a seguir regulaciones estatales más laxas que las federales en lugares como Texa .

Este paquete de medidas llega después de que el Departamento de Interior ya relajara en febrero los mandatos a compañías energéticas para limitar los escapes de gas en terrenos públicos. Y se estima que es la primera parte de un doble asalto a las regulaciones de emisiones de metano por parte de la EPA de Trump (al que los tribunales frenaron el año pasado el intento de anular unilateralmente los mandatos de regulación). Se espera que, próximamente, la agencia anuncie que no considera siquiera necesario regular directamente las emisiones de metano.

Crítica y alerta

La crítica y la alerta de los expertos en cambio climático es unánime. Matt Watson, especialista en contaminación de metano en el Fondo de Defensa Medioambiental, ha advertido en 'The New York Times' de que “cuanto más tiempo pase entre inspecciones, más tiempo se quedarán sin detectar ni reparar las fugas”. Y el profesor de ecología y biología de la evolución de la Universidad de Cornell Robert Howard, ha recordado en la agencia Bloomberg que “el metano atmosférico ha estado subiendo rápidamente desde que en EEUU en el 2008 arrancó la explosión de (la extracción de) gas pizarra” y ha alertado: “Ahora no es el momento de relajar los controles de sus emisiones”.

Los riesgos del metano para la salud son conocidos: los compuestos orgánicos pueden provocar desde irritaciones nasales y de garganta hasta asma, enfisema, otras enfermedades respiratorias y hasta muertes prematuras. La propia EPA admite que su desregulación tendrá efectos contraproducentes y en la propuesta presentada el martes asume que se elevará a presencia de contamintanes peligrosos en el aire y de emisiones de compuestos orgánicos que pueden “degradar la calidad del aire y afectar adversamente a la salud”. Y aunque dice que “limitaciones de datos” no permiten cuantificar específicamente el potencial impacto, un informe de científicos de la propia agencia que se publicó en julio calculaba que para 2025 entre 1.100 y 2.700 muertes prematuras podrán atribuirse a las emisiones de los sectores de gas natural y petróleo.