Los Mossos estrenan la Taser sin grabar el disparo e inclumplen lo fijado por el Parlament

La primera intervención de los Mossos d’Esquadra con la pistola eléctrica Taser, para detener a un maltratador machista de Salt (Girona), ha sido "correcta y absolutamente proporcional", según ha revisado el propio cuerpo catalán. Pero no ha sido registrada en vídeo, a pesar de que esa era la condición que puso el Parlament de Catalunya para dar luz verde a estas armas.

No fue una condición tomada a la ligera. Para aprobar la compra de las Taser se llegó a crear el Grupo de Trabajo sobre la Utilización por la Policía de las Pistolas Eléctricas, en el que participaron las cúpulas policiales de los Mossos y de la Guardia Urbana, oenegés como Amnistía Internacional, el Síndic de Greuges, colegios profesionales, expertos en seguridad, en medicina forense e incluso en electrofisiología. Meses de comparecencias que cristalizaron en la redacción de unas conclusiones que, aprobadas por los grupos políticos, se convirtieron en un mandato parlamentario. En estas conclusiones aparecen tres referencias explícitas a las cámaras de vídeo. Una dice concretamente esto: "Las pistolas eléctricas deben incorporar una cámara que registre la actuación y garantice el buen uso por parte de los agentes y la idoneidad de la actuación". Durante su turno en esta comisión, los representantes de los Mossos explicaron que existía una tecnología que permitía activar de forma automática la grabación en cuanto el agente desenfundaba la pistola.

El 25 de junio del 2018, sin embargo, en la presentación de las pistolas Taser en Girona no quedaba ni rastro de esa tecnología. Y se afirmó que por problemas en la licitación -o de patentes- no había resultado posible contar con este sistema de grabación automática. Las pistolas eléctricas que entraban en funcionamiento ese día iban acompañadas de cámaras -tal como se había prometido- pero estas ya no se activarían al desenfundar la pistola. Tenía que ser el propio agente quien debía pulsar el botón de grabar de forma manual. Es decir, se dejaba en manos del policía que enfrentaba una situación de alto riesgo -solo en este caso usar la Taser resulta procedente- la responsabilidad de acordarse de apretar el botón de la cámara -que lleva en la pechera del uniforme- antes de disparar.

Tanto el portavoz de los Mossos, Albert Oliva, como el intendente Josep Antoni Saumell, subjefe de la División Técnica de Planificación de la Seguridad, subrayaron este 25 de junio, que cada disparo con las Taser debía estar justificado y que, gracias a las cámaras de vídeo, se perseguiría la mala praxis. En Salt, según ha concluido el cuerpo catalán, no ha habido mala praxis. Pero al fallar la cámara ha sido necesario echar mano de la grabación doméstica que casualmente llevó a cabo un ciudadano -presente durante la reducción-, que, además, se cortaba antes de que se efectuara el disparo.

¿Cuatro años de reflexión estéril?

A finales del 2014, el exconseller de Interior, Ramon Espadaler, se mostró por primera vez favorable a dotar de pistolas eléctricas a los Mossos, una petición histórica de los sindicatos policiales. Avanzó que estaba previsto incorporarlas antes de que acabara el 2015. A comienzos del 2016, Jordi Jané, que había sustituido a Espadaler al frente de la 'conselleria', dio marcha atrás y se anuló una compra de 130 pistolas Taserse anuló una compra de 130 pistolas Taser que estaba prácticamente cerrada. Lo hizo para atender una solicitud de la CUP, socio imprescindible para reunir mayoría independentista en la cámara catalana, y someter la decisión de dotar a los Mossos de estas armas al Parlament. Por eso se creó el Grupo de Trabajo sobre la Utilización por la Policía de las Pistolas Eléctricas que publicó sus conclusiones a finales de julio del 2016. El 20 de enero del 2017 se compraron finalmente 134 pistolas eléctricas y otras tantas cámaras de vídeo por  771.331 euros con IVA. Un año y medio después, han llegado a las comisarías de Girona, Blanes y Figueres. El resto de regiones la están recibiendo escalonadamente, a medida que van llegando las cámaras, que se han retrasado más que las pistolas.

En total, casi cuatro años ha invertido la administración catalana en comprar, formar y entregar 134 Taser a los Mossos. Un tiempo que se ha dilatado porque se decidió suspender la primera compra en el 2016 y someterlo a debate parlamentario. Sin embargo, el requisito fundamental que se acordó -que quedara constancia en vídeo de cada intervención para garantizar un uso transparente- no ha podido cumplirse en el debut oficial de Salt porque el sistema de grabación adoptado no permite que, en una situación de estrés, disparar y activar la cámara correctamente sean fácilmente compatibles.