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POLÍTICA MIGRATORIA

El gobierno aplica la devolución exprés de inmigrantes para frenar las entradas violentas

Los 116 subsaharianos ya están en Marruecos en aplicación de un convenio de 1992. Es la primera vez que el ejecutivo de Sánchez lo pone en marcha

Los inmigrantes contaron con asistencia letrada y una orden de devolución, al contrario de lo que ocurre con las "devoluciones en caliente" junto a la valla

Vanesa Lozano / Luis Rendueles

Un grupo de los inmigrantes que ayer saltaron la valla en Ceuta posan con una bandera de la UE.

Un grupo de los inmigrantes que ayer saltaron la valla en Ceuta posan con una bandera de la UE. / JOSÉ M. RINCÓN (EFE)

Los 116 inmigrantes que protagonizaron un violento asalto este miércoles a la valla de Ceuta y lograron entrar en España ya están de vuelta en Marruecos. El Gobierno decidió su devolución inmediata (exprés) apoyándose en un acuerdo firmado en 1992 para la readmisión en el reino alauí de los extranjeros que entran ilegalmente en nuestro país por su territorio. El pacto fija un plazo de 10 días como máximo para solicitar y hacer efectiva la expulsión.

Fuentes del Ministerio de Interior admitieron "lo excepcional" de la medida, pero recordaron que la entrada de esas personas a España se produjo de forma "ilegal y violenta". Siete agentes de la Guardia Civil resultaron heridos la mañana del miércoles, cuando los inmigrantes lograron acceder por la zona de Finca Berrocal, el mismo lugar por donde consiguieron entrar con gran violencia y a la carrera 600 inmigrantes el pasado 26 de julio. Algunas de esas personas utilizaron cal viva, ácidos y lanzaron heces de animales a los agentes  de la Guardia Civil en esos dos asaltos masivos del verano. Tras el primer asalto violento, el de julio, el Gobierno no tomó la decisión de expulsar a ninguno de ellos y no pidió a Marruecos activar las devoluciones exprés.

Los menores, excluidos del acuerdo

En esta ocasión, el gobierno sí siguió ese procedimiento. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una solicitud a las autoridades de Rabat para gestionar esta salida rápida, esta fue aceptada y hacia las tres de la tarde del jueves ya se había completado porque "entre las personas afectadas por esta medida no había menores de edad, que están excluidos del acuerdo", suscrito en su día por el que fuera ministro del Interior, el socialista José Luis Corcuera, y su homólogo marroquí,  Driss Basri.

Fuentes del Ministerio del Interior admiten que lo habitual es que cuando se realizan devoluciones, como en el caso de los inmigrantes de origen marroquí, estas se lleven a cabo con los países de origen, no de procedencia. No obstante, el pacto de 1992 permite que regresen al lugar de procedencia, pese a que no sean nacidos allí.

La medida, aunque de carácter extraordinario, ya fue empleada en gobiernos anteriores, tanto del PSOE como del PP, y es diferente de las polémicas devoluciones en caliente (expulsiones en la zona de la propia valla) con las que Pedro Sánchez se comprometió a acabar, aunque es cierto que es la primera vez que se recurre a ella en esta legislatura. En este caso, apuntan desde Interior, los expulsados "fueron trasladados a la comisaría de Ceuta para realizar la afiliación, recibieron asistencia letrada y se les entregó la orden de devolución".

Protestas 

Estas condiciones, aseguran, distan de las que caracterizan a las expulsiones en caliente, consistentes en la entrega inmediata a las autoridades marroquíes de aquellos inmigrantes que no han conseguido pasar las tres vallas que integran el dispositivo fronterizo español. Organizaciones de derechos humanos han protestado contra la entrega de inmigrantes que se quedan en esa tierra de nadie. Acusan a la Guardia Civil de entregarlos a la policía auxiliar marroquí (mehanis).

"A pesar de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, las autoridades españolas continúan expulsando a través de la valla fronteriza a personas migrantes. La legislación española obliga a procedimientos individualizados de asilo que permitan identificar si estas personas necesitan protección internacional", denunció el mes pasado Amnistía Internacional.

Esas devoluciones se hacen sobre el terreno y de inmediato, sin asistencia de abogado, intérprete ni cualquier otro trámite legal.  De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a pagar 5.000 euros a dos inmigrantes que fueron devueltos por ese sistema. El Gobierno español recurrió la decisión y argumentó que fueron rechazados en la frontera, no en territorio europeo. El recurso, presentado ya bajo el gobierno de Pedro Sánchez, mantiene el argumento, que se debatirá en una vista a celebrar el mes próximo.

El CETI, desbordado

Con este grupo, el número de personas que han entrado a España por vía terrestre a través del puesto fronterizo de Ceuta asciende a 1.400, si bien la cifra es inferior a los 1.623 que se contabilizaron en el 2017 por estas mismas fechas. Tras el último salto de finales de julio, el centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) había alcanzado una capacidad de 1.200 personas, a pesar de que solo tiene capacidad para 512, dada la imposibilidad de trasladar a migrantes a los centros de la península.

De momento, el convenio bilateral solo se ha aplicado a los llegados este miércoles, aunque muchos de los que residen en el CETI de la ciudad autónoma también llegaron a Ceuta saltando la frontera.

El Ministerio del Interior reforzó la plantilla de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta con una veintena de nuevos agentes, tras la entrada masiva de julio, cinco vehículos de apoyo y un helicóptero con visión nocturna y base permanente en Ceuta, un dispositivo que, según aseguran, será ampliado de manera progresiva. 

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