La falta de agentes lleva al límite a los Mossos d'Esquadra

La falta histórica de policías que aqueja a los Mossos d'Esquadra empieza a superar límites inquietantes, tanto para los propios funcionarios como para los ciudadanos a los que sirven, según avisan varios agentes -de unidades y rangos distintos consultados por EL PERIÓDICO- y los sindicatos. El mismo virus afecta a todas las regiones policiales de Catalunya -especialmente a la ciudad de Barcelona- y subyace en la protesta interna por impago de horas extras realizadas durante el 1-O que este agosto han activado los agentes. El problema viene de lejos. 

Para culminar el despliegue de los Mossos en Catalunya -y sustituir las funciones del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil- el Govern planificó alcanzar una cifra de mínimos: 18.267 agentes en el año 2015. Pero en el 2011, debido a la crisis económica, interrumpió la convocatoria de nuevas plazas. Actualmente hay 16.610 agentes, según el Idescat. Este objetivo, además, se proyectó sin tener en cuenta una amenaza que sacudiría por completo el modelo policial: el terrorismo yihadista. Tras los atentados en Francia, contra la revista 'Charlie Hebdo' y la discoteca Bataclan, ambos en el 2015, se elevó el riesgo estimado de sufrir un ataque al nivel de 4 sobre 5 y ello obligó a activar un Plan Operativo Específico (POE) Antiterrorista que ocupa los cinco sentidos, y varias extremidades, del cuerpo de los Mossos. 

Esta suma de factores ha provocado, según avisan los propios agentes, que resulte imposible atender adecuadamente otras tareas de prevención que hasta hace bien poco se consideraban prioritarias: los robos en domicilios, los carteristas del Metro, la venta ambulante ilegal, los controles de tráfico o la presencia uniformada en zonas de ocio nocturno. Actualmente, resumen, la protección de edificios o multitudes susceptibles de ser atacados por terroristas -de esto se encargan las unidades especializadas- y dar respuesta a las llamadas de emergencia diarias, como peleas o casos de violencia doméstica -servicios que atienden las patrullas-, saturan la capacidad del cuerpo.

"Para prevenir, por ejemplo, los robos en domicilios necesitas tanto patrulla uniformada, para que disuada a los ladrones, como agentes de paisano, para sorprenderlos in fraganti", explica un policía. En los últimos meses, sin embargo, el Plan Operativo Específico (POE) Habitatge, preocupación principal desde hacía cuatro años, ha pasado a ser algo secundario en varios distritos de Barcelona. No porque haya menos delitos, todo lo contrario, este verano se prevé un repunte a cargo de baterías nuevas de ladrones de casas llegados de países del Este, sino porque no puede atenderse en condiciones.

'Infantería' bajo mínimos

Los cimientos de los Mossos d’Esquadra están en los agentes de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), los policías rasos que patrullan y son los primeros en llegar cuando el ciudadano marca el teléfono 112. El resto de unidades especializadas del cuerpo se nutren de esta base, una cantera de la que todos han aspirado agentes que la falta de convocatorías de nuevas plazas no ha reemplazado. "En los últimos años, hay muchos policías de Seguretat Ciutadana que, hartos del abandono que han sentido por parte de la 'conselleria', se han marchado para recalar en policías locales o -la mayoría- para promocionar en unidades como la Brigada Móbil y ARRO (antidisturbios) o áreas de investigación e información", apunta un subinspector. Esta última comisaría, la de Información, considerada estratégica para evitar ataques terroristas, es la que más ha crecido en los últimos tiempos, "absorbiendo también personal de las unidades de investigación", remarca un policía integrado en uno de estos equipos dedicados a resolver homicidios o agresiones sexuales.

La ausencia de efectivos se nota incluso en las OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), sección que recoge las denuncias. En la comisaría de Ciutat Vella, sin ir más lejos, las colas de ciudadanos que acuden a denunciar robos o agresiones son diarias en verano. Este último jueves, una agente avisaba en la puerta de que la espera podía ser de "hasta tres horas". Un tiempo que, en ocasiones, invita a marcharse sin denunciar un delito que, de este modo, nunca aparecerá recogido en ningún balance.

En Barcelona, la gravedad del problema afloró sin tapujos en la última Junta de Seguretat Local. La alcadesa Ada Colau pidió públicamente más mossos para luchar, junto a la Guardia Urbana de Barcelona, contra la plaga de los narcopisos, los carteristas y las zonas de venta ambulante ilegal (como la enquistada en el Port Vell) y la respuesta del conseller d’Interior, Miquel Buch, fue contundente: "No".

Falta inversión en recursos materiales

"Nuestra función se dividía antes en entrenar, hacer prevención y dar apoyo a los agentes de seguridad cuidadana o de operaciones", resume un agente antidisturbios de Barcelona. "Pero ahora nos pasamos la jornada entera dentro de la furgoneta haciendo prevención antiterrorista", explica. Esto significa que cada vez hay menos antidisturbios para acompañar a las patrullas si un servicio se complica. Estas unidades de apoyo, o del Grupo Especial de Intervención (GEI), tradicionalmente más "mimadas" en la casa, no notan de forma tan angustiosa la ausencia de efectivos pero sí la falta de inversión en recursos materiales: las prácticas de tiro con los nuevos subfusiles H&K -las escogidas para repeler a un yihadista con ametralladora- son "de solo 5 o 10 disparos por agente al año", las furgonetas "comienzan a estropearse" y no existen "espacios bien acondicionados" para entrenar "un asalto con rehenes", enumeran. 

El "hartazgo"

Durante el último año, la enfermedad congénita del tamaño de la plantilla se ha visto exacerbada por la ausencia de soluciones (Interior ha tenido hasta cuatro jefes distintos en 12 meses, incluído Juan Antonio Puigserver en aplicación del artículo 155) y la sobrecarga de trabajo que han acarreado los atentados del 17-A y la crisis política y judicial del 1-O. Una situación que ha provocado que este mes de agosto haya arrancado una protesta interna contra el Departament d’Interior y la Direcció General de la Policía de Catalunya. Un manifiesto pactado entre -al menos- 3.000 policías reunidos en un grupo de Telegram ha acordado no hacer más horas extras a partir del mes de septiembre. La medida pondría en jaque nada menos que el POE Antiterrorista y, según diversas fuentes, está teniendo un seguimiento importante en muchas comisarías. 

Este manifiesto, "apolítico", hace referencia explícita al 17-A y al "clima" desencadenado tras el 1-O. Porque ambos fenómenos han supuesto llevar a cabo un "sobreesfuerzo físico y anímico" con "incontables horas de seguridad ciudadana, de protección antiterrorista y de dispositivos por elecciones y manifestaciones que se han tenido que realizar con una plantilla absolutamente bajo mínimos de personal". A esta situación, concluyen, se ha llegado a causa de la "lamentable gestión de responsables políticos y mandos policiales superiores, que se han mostrado totalmente irrespetuosos ante las necesidades y prioridades de un colectivo especialmente castigado por la falta de recursos".

¿Qué piden?

La negativa a realizar horas extras "queda a la espera", matizan, de la respuesta que reciban por parte de la administración. Tampoco "descartan otro tipo de acciones". Entre estas posibles iniciativas suplementarias se ha debatido promover una 'gripe azul', consistente en presentar en masa bajas por indisposición que podrían comprometer seriamente el servicio de seguridad ordinario que prestan los Mossos.

El dispositivo Àgora, activado por decreto para cubrir la celebración del referéndum independentista -y los incidentes que se alargaron durante casi todo el mes de octubre-, reportaba a cambio 750 euros en horas extras por agente. Pero a día de hoy solo han cobrado los antidisturbios. Este impago ha funcionado, en gran parte, como un detonante para la protesta, que ahora pide el resto de atrasos. Esencialmente, exigen que se abonen las horas del Àgora, que cada hora extra deje de remunerarse a un precio inferior que la hora normal, que se reactiven los concursos de traslado entre comisarías, que se revisen los horarios y que se devuelvan los días de asuntos personales perdidos. En igualdad de agravios que el resto de funcionarios catalanes -los del Estado ya lo han recuperado-, los Mossos quieren asimismo el reintegro de las pagas recortadas en el 2013 y 2014 y cobrar el 100% del sueldo desde el primer día de la baja médica. 

Los sindicatos secundan la protesta

Los sindicatos, al unísono, califican de "mal endémico" la ausencia de efectivos y ponen de relieve que esta protesta "salga de los propios agentes", subraya el secretario general del SME, Toni Castejón, "porque demuestra el nivel de hartazgo existente". "Estamos todos de acuerdo con esta movilización", aclara la portavoz del CAT, Mónica Saltor, y que "no la hayan promovido los representantes sino los propios trabajadores todavía le otorga más credibilidad", coincide. 

"Están tan enfadados porque llevan tiempo maltratados por la administración", juzga David Miquel, portavoz del SPC. "Ha habido atentados, manifestaciones, protestas y los agentes han estado a la altura. Ahora Interior no puede poner excusas para pagar". Para Valentín Anadón, portavoz de Fepol, la situación ha llegado a un punto "insostenible" y ahora ya peligra "tanto la integridad de los agentes como la calidad del servicio". 

Por su parte, fuentes de la Conselleria d'Interior recuerdan que el equipo de Miquel Buch desembarcó hace tan solo dos meses y que, en este tiempo, el Govern ya se ha reunido con todos los sindicatos y ha aprobado un crédito extraordinario de nueve millones de euros para horas y material. El compromiso, subrayan, es el de "seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales de los Mossos".