Las víctimas del maltrato no tendrán que interponer denuncia para recibir ayuda

11 meses después de que el Congreso alumbrara el pacto de Estado contra la violencia machista, y tras numerosas protestas de las feministas por el retraso en su puesta en marcha, el Gobierno aprobó este viernes un real decreto-ley que pone en marcha las primeras medidas legislativas de calado y urgentes.

Entre ellas, que las víctimas del maltrato no tengan que interponer una denuncia para recibir ayuda, que los ayuntamientos recuperen las competencias en esta lucha y que los hijos de los maltratadores no precisen de autorización paterna para recibir atención psicológica. 

En lo que va de año han fallecido 23 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y solo cinco habían interpuesto denuncia. Son cifras que se repiten año a año y dan muestra del temor que tienen las víctimas a acusar a su agresor. Tienen pánico a pedir ayuda y que su carcelero se envalentone aún más y acabe con sus vidas. Por ello, el Convenio del Consejo de Europa exige no supeditar la protección de las maltratadas al ejercicio de acciones legales o una declaración contra el autor. Fue una recomendación incorporada al pacto de Estado y que ahora aprueba el Gobierno, mediante el real decreto, que modifica la ley integral contra la violencia machista, para acreditar los mecanismos e instituciones que podrán determinar si una mujer es víctima o no.

La acreditación

El Gobierno avanzó este viernes que bastará con un informe del fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de acogida. Aún así, Ejecutivo y Comunidades Autónomas diseñarán los procedimientos básicos de acreditación en próximas fechas.

Además, el real decreto, que entrará en vigor al publicarse en el BOE, fortalece la tutela judicial, al permitir la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos, de forma que se asegure la inmediata defensa y representación de la víctima. Y las mujeres agredidas podrán personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.  

Algunas de estas medidas fueron avanzadas el pasado martes por la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial, en la que se efectuó el reparto de los 100 millones que recibirán este año las autonomías, en cumplimiento del pacto. El Gobierno gestionará otros 80 millones y las administraciones locales 20. En dicha reunión Calvo se comprometió a doblar los fondos para los ayuntamientos, de forma que en 2019 recibirán 40 millones, tras recuperar las competencias contra el maltrato, mediante este real decreto. 

La normativa modifica la ley de bases de régimen local, de forma que los consistorios recuperarán las competencias en materia de servicios sociales, promoción de la igualdad, prevención de la violencia de género y atención inmediata a las víctimas.

Las administraciones más cercanas

Los expertos en esta lacra han detectado que las mujeres que viven bajo el yugo del machismo, sobre todo aquellas que viven en entornos rurales y sin mucha información, llaman primero a las puertas de los ayuntamientos para pedir ayuda. De ahí que el pacto de Estado acordara devolver a los consistorios las competencias, que ahora ejecuta el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Por otro lado, el real decreto modifica el Código Civil para que la atención psicológica de los menores que sufren o viven en un entorno de maltrato quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común de ambos progenitores, cuando exista una sentencia firme o haya una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales. Es decir, que bastará con la autorización de la madre.