Día contra la Trata: víctimas de 60 países para un negocio de 5 millones al día

Prostitución carretera

Prostitución carretera / periodico

Patricia Martín

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Más de 20 millones de personas en en el mundo son víctimas de un trato denigrante a nivel laboral o sexual. Son víctimas de la trata, un delito difícil de perseguir y erradicar pese a que supone la explotación de millones de mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. Aproximadamente un 30% son niños y un 70% mujeres y niñas.

En España, la Fiscalía de Extranjería, en el Día mundial contra la trata, avisó este lunes de que existe un "alto índice" de explotación con fines sexuales, dado que se “esclavizan” mujeres de todas las partes del planeta. En concreto, desde el 2012 han sido identificadas víctimas de 60 países, especialmente de África y particularmente de Nigeria, en un negocio que, según el ministerio público, "mueve más de cinco millones de euros al día". Movimiento por la Paz corroboró este análisis y destacó que España es uno de los principales países de destino de la trata de mujeres, la mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años, que satisfacen las demandas de un 39% de hombres que confiesa haber tenido sexo con prostitutas, según las estimaciones del Ministerio de Sanidad. Interior, de hecho, detectó 10.111 personas en riesgo de prostitución en el 2017.

Ante la magnitud del fenómeno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la efeméride para asegurar en un tuit que podrá todo su "esfuerzo para luchar contra la esclavitud del siglo XXI". El Ejecutivo está de hecho elaborando una ley específica contra esta lacra, tal como se acordó en el pacto de Estado contra la violencia machista. 

El 48% de los procesos se archivan

Si bien, la erradicación de la trata no es fácil. La fiscalía ha abierto cerca de 600 investigaciones desde el 2012, un 86% por explotación sexual, un 9% por abusos laborales y algo menos del 3% por mendicidad. Por debajo del 1% estarían los matrimonios forzosos, la extracción de órganos u otras actividades. Si bien, en torno al 48% de los procesos se archivan porque las indagaciones "topan con el gran muro que supone la existencia de un nexo directo con las redes de crimen organizado, que convierten a las víctimas en personas muy vulnerables" y que, debido al miedo, no suelen colaborar de forma activa en denunciar su situación y contribuir a la persecución del delito. 

En concreto, de las 600 investigaciones, 101 casos acabó en sentencia, 66 con condenas y 35 absoluciones. 168 fueron sobreseídas y casi 300 continúan en tramitación. Según el fiscal, hay tres causas que dificultan el castigo: En primer lugar, que no se puede probar "fehacientemente" la participación de los investigados. Dos, que los autores se encuentran ilocalizables, muchas veces en el extranjero. Y tres, que las víctimas, una vez liberadas, acaban por no acudir a sede judicial a ratificar la denuncia o declarar. 

No obstante, una mayor preparación de los operadores jurídicos y policiales, así como la colaboración de las oenegés, está provocando "un significativo descenso de los sobreseimientos", según el ministerio público. 

Salvar a la víctima

En este contexto, el fiscal de sala de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, concluye que "es prioritario rescatar a la víctima, por encima del buen éxito de la investigación, y sacarla del más absoluto de los infiernos que un ser humano puede afligir a otro". Y es que las víctimas "son vendidas, torturadas, golpeadas, marcadas, humilladas, amenazadas, coaccionadas de todas las maneras imaginables, valiéndose incluso de la seducción de adolescentes o de sus creencias culturales, como el vudú". La policía desarticuló por ejemplo este lunes en Alicante una red que obligaba a jóvenes a ejercer la prostitución 22 horas al día.

Las condiciones de explotación son tan insufribles, según los expertos, que algunas víctimas quedan marcadas de por vida con graves lesiones psicológicas. Además, cuando son liberadas, muchas no pueden volver a sus países de procedencia al ser rechazadas por sus comunidades. 

Por todo ello, la fiscalía reclama estrechar la cooperación internacional y unificar términos y conceptos en el marco legislativo mundial.