LUCHA CONTRA LA DROGA EN ANDALUCÍA
El Gobierno prohibirá las lanchas habituales de los narcos
Las embarcaciones de alta velocidad solo podrán ser utilizadas por las autoridades marítimas, según la futura ley
El Gobierno ha decidido combatir el narcotráfico que azota las costas andaluzas, con desembarcos y persecuciones policiales a plena luz del día en playas llenas de turistas, con una nueva la ley. Cuando esté aprobada, la norma prohibirá las embarcaciones neumáticas o semi-rígidas de alta velocidad y de más de ocho metros de eslora que habitualmente usan las mafias en el Campo de Gibraltar.
Cuando el texto sea una realidad, ese tipo de lanchas se considera que son de uso exclusivo del personal de salvamento y otras autoridades marítimas, a las que sumarán las de actividades deportivas o empresariales. La policía, pues, podrá decomisar las 'narcolanchas', aunque no lleven droga ni tabaco de contrabando en el momento de la detención. “Se considerarán ilícitas”, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha elaborado el anteproyecto de ley junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El anteproyecto insta a las autoridades de Hacienda a realizar un registro de este tipo de embarcaciones para evitar problemas con las mafias. De momento, lo que el Ejecutivo ha aprobado es un anteproyecto de ley de modificación de la ley orgánica de represión del contrabando, una iniciativa impulsada por el departamento de aduanas e impuestos especiales de la Agencia Tributaria.
La tenencia de estas embarcaciones, al igual que su fabricación, circulación, importación, exportación, venta o rehabilitación, constituirán -salvo que se cumplan los requisitos legales- una infracción administrativa si el valor de las barcazas decomisadas no supera los 50.000 euros. Si la supera, se considerará un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.
Alarma social
La presencia de mafias en la costa de Andalucía que trafican con drogas o tabaco suponen una “alarma social”, en palabras de Montero, que tras la reunión del Consejo de Ministros hizo hincapié en la intención del Ejecutivo de aportar “tranquilidad” a los vecinos de la costa andaluza, que están sufriendo un "problema de seguridad pública" que conlleva "deterioro social".
La propuesta de cambio normativo establece una 'vacatio legis' de seis meses desde su aprobación hasta la entrada en vigor. En ese momento se abrirá otro periodo de seis meses para que se regularice la situación de embarcaciones.
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