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Vuelve al servicio activo

Defensa levanta la suspensión del militar de 'la Manada'

El Ministerio no se le asignará destino hasta que haya sentencia firme o sobreseimiento

750 jueces presentan una queja por las "presiones" a la Audiencia Provincial de Navarra

El Periódico

Alfonso Jesús Cabezuelo, abandona dentro de un taxi la cárcel militar de Alcalá de Henares.

Alfonso Jesús Cabezuelo, abandona dentro de un taxi la cárcel militar de Alcalá de Henares. / EFE / SANTI DONAIRE

Defensa levantó este miércoles la suspensión de funciones que pesaba sobre Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar miembro de ‘la Manada’, una vez trascurrido el plazo máximo que marca la ley para apartarle del servicio activo sin condena firme. Cabezuelo fue castigado a 9 años de prisión por abuso sexual y el fallo ha sido recurrido por las partes. El Ministerio capitaneado por Margarita Robles aclaró, no obstante, que no asignará destino al militar, en libertad provisional desde el pasado 22 de junio, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el polémico fallo.

Cabezuelo cobrará una retribución básica, sin el complemento específico que conlleva cada destino. Durante la suspensión, cobraba el 75% del sueldo base, también sin complementos. Y antes de ser detenido, la compensación correspondiente a prestar servicios en la Unión Militar de Emergencias. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que señala que no se ha podido “evitar el alzamiento de la suspensión de funciones” pero sí la asignación de destino por un periodo que no podrá exceder el momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento.

Otro de los condenados por la Audiencia Provincial de Navarra, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, también se encuentra en situación “activa” pero sin asignación de destino.  

La protesta judicial

En este contexto, 750 magistrados españoles presentaron este miércoles una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para comunicarles una supuesta "amenaza" contra la independencia judicial, en referencia a lo que consideran un "linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos", contra el tribunal que dictó la sentencia de ‘la Manada’.

Los magistrados denuncian que se ha desatado una "presión social" contra este tribunal sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente.

"Nos encontramos completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del poder legislativo", reza la nota remitida al órgano europeo.

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