Wikipedia cierra dos días contra la directiva de derechos de autor del Parlamento Europeo

La reforma de la directiva europea sobre derechos de autor ha desatado una batalla feroz entre quienes ven la propuesta como un nuevo ataque a la libertad en internet y quienes consideran que es la vía para obligar a las grandes plataformas digitales, como Google, Instagram, Youtube o Facebook, a asumir su responsabilidad y pagar a creadores y artistas por los contenidos protegidos. A horas del pronunciamiento del Parlamento Europeo, la enciclopedia digital Wikipedia ha reactivado la polémica al cerrar su servicio en algunos países como medida de protesta y presión.

El acceso en castellano e italiano seguirá bloqueado hasta la mediodía del jueves en que el pleno debe decidir si aprueba el mandato negociador –y permite el inicio de negociaciones con el Consejo- o reabre la posibilidad de enmendar un texto que gusta y disgusta a partes iguales. No en vano fue aprobado por una diferencia muy justa de 14 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones en la comisión de asuntos jurídicos (Juri) el pasado 20 de junio. Estos son algunos de los elementos que más polémica han generado:

Enciclopedias on line, excluidas

Los promotores del texto rechazan que servicios como Wikipedia, tal y como ha denunciado la enciclopedia on line, estén en peligro y recuerdan que el artículo 2 de la propuesta excluye explícitamente de la aplicación de la normativa a las enciclopedias en internet sin ánimo de lucro, plataformas académicas y de investigación, fuentes abiertas, ilustraciones utilizadas en educación por museos y servicios en la nube.

Tarifa por vincular contenidos

Uno de los grandes puntos en discordia es el artículo 11 que exige el pago de una tasa a los editores de prensa (incluidas agencias de noticias) si las plataformas digitales vinculan contenidos de noticias en sus publicaciones –y el bloqueo del material si no se paga- y a los Estados miembros que vigilen que los autores reciben una parte apropiada de esa tasa adicional. La Eurocámara quiere que este derecho sea válido durante 5 años, frente al año que defiende el Consejo y los 20 años propuestos por la Comisión.

Garantías sobre los derechos de autor

Otro de los polémicos es el artículo 13, que exige a las plataformas digitales un filtrado obligatorio del contenido que suben los usuarios para evitar que suban material protegido por derechos de autor. Dicho de otra forma, multinacionales como Youtube o Google serán responsables de tomar medidas “apropiadas y proporcionadas” para garantizar que se revisan los contenidos y toman medidas para eliminarlos si están protegidos lo que implicará nuevos costes. La reforma anima a las plataformas -que almacenan, dan acceso o difunden obras o contenidos subidos por usuarios- a negociar acuerdos de licencia con los creadores. También tendrán que establecer mecanismos para responder a posibles quejas de los usuarios de forma rápida.

Remuneración justa

Los gobiernos también tendrán que garantizar que los autores e intérpretes reciben una remuneración justa y proporcionada por la explotación de su obra (14a) mientras que los autores tendrán derecho a revocar acuerdos de licencia si no están de acuerdo con la gestión que han hecho los intermediarios.

El contenido de la reforma ha desatado una oleada de críticas. La más visible este miércoles la de Wikipedia. Según esta plataforma, aprobar la reforma “dañaría significativamente la internet abierta que conocemos” y “amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la web”. Es más, alegan que de aprobarse compartir una noticia en las redes sociales o acceder a ella a través de un motor de búsqueda será más complicado. “La misma Wikipedia estaría en riesgo”, han alertado.

A favor y en contra

No son los únicos disconformes con el texto. La asociación de consumidores europeos (BEUC) teme que en adelante serían las plataformas las que decidirían qué contenidos privados pueden subirse a internet mientras que el supervisor europeo de protección de datos (EDPS) reconoce que existe el riesgo de exacerbar la vigilancia endémica sobre los usuarios si no hay un control “apropiado y proporcionado”. Entre los partidarios, las asociación de editores.

Los ponentes de la propuesta, que ha logrado el apoyo de eurodiputados del PPE, PSE, Liberales y Verdes, rechazan las críticas y advierten de que hay una campaña de mentiras y noticias falsas, que la propuesta no pretende terminar con internet ni instalar ninguna censura previa y que lo que se trata es de pagar por contenidos protegidos por derechos de autor. “Hablan de libertad cuando piensan en dinero. Ese es el quid de la cuestión”, alerta el liberal francés Jean-Marie Cavada. “Si queremos apoyar la creación europea tenemos que terminar con esta situación de desigualdad injusta. Simplemente queremos que quienes crean contenido reciban su parte. Hay que proteger a los autores en el mundo virtual como en el real”, ha reclamado la socialista Virginie Roziére.