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tras la libertad provisional

El tribunal de La Manada cita para el 5 de julio al guardia civil de 'La manada'

La Audiencia de Navarra reclama información sobre la petición de pasaporte por parte del condenado

Antonio Manuel Guerrero regresará a Pamplona justo la víspera del 'chupinazo' de San Fermín

Julia Camacho

La Fiscalía ve riesgo de fuga del miembro de La Manada que pidió su pasaporte. / PEPO HERRERA (EFE / VÍDEO: EFE)

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha convocado para el día 5 de julio, la víspera del 'chupinazo', la comparecencia solicitada por el fiscal para estudiar el supuesto incumplimiento por parte del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, uno de los cinco condenados a 9 años de prisión por abuso sexual en los Sanfermines de 2016, de las medidas cautelares decretadas por el tribunal en el auto en el que prorrogaba la prisión provisional eludible bajo fianza de 6.000 euros. La cita está fijada para las 14 horas en el Palacio de Justicia de Pamplona. 

El mismo tribunal ha requerido al Jefe Superior de Policía Nacional de Andalucía Occidental y a la oficina de pasaporte y DNI de Tablada (Sevilla) para que “de inmediato” le informen sobre la presencia del guardia civil condenado en esta causa, Antonio Manuel Guerrero, en esas dependencias para la obtención de un pasaporte, lo que podría suponer un quebrantamiento de la medida cautelar impuesta en el auto de libertad provisional dictado hace justo una semana. Los abogados de Guerrero, que ha sido el primero de los integrantes de La manada en acudir a firmar este viernes, rechazan que intentara fugarse y que solo quiso obtener una copia para entregarla en el juzgado.

Guerrero, condenado a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento y una multa de 300 euros por hurto al quitar el móvil a la víctima, quedó en libertad el pasado viernes junto a sus cuatro compañeros tras abonar una fianza de 6.000 euros. El auto de excarcelación, que ya ha sido recurrido tanto por fiscalía como por las acusaciones, recordaba que ya había transcurrido los dos años de plazo máximo de prisión preventiva y apuntaba al arraigo de los jóvenes y el escaso riesgo de fuga.

Dicho auto explicitaba además la “prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga ante este Tribunal dentro de los 4 días siguientes a su puesta en libertad, así como prohibición de obtenerlo en el futuro”. Este último punto es al que se aferró este jueves la Fiscalía para reclamar el reingreso en prisión de Guerrero por vulnerar las medidas cautelares y al apreciar riesgo de fuga, después de que trascendiera que el pasado lunes el joven sevillano acudió nada más salir de prisión  a una comisaría para solicitar un nuevo documento. Su defensa insiste en que se trata de un “error” e incluso un exceso de celo, dado que al no encontrar el documento decidió, aconsejado por sus letrados, acudir a dependencias policiales para solicitar una copia y poder entregarla en el juzgado en tiempo y forma.

Tras esa petición del ministerio público, la Sección Segunda ha dictado una providencia en la que trata de esclarecer lo sucedido. Así, pregunta en concreto qué día y a qué hora compareció Antonio Manuel Guerrero Escudero en la oficina del pasaporte, si tenía cita previa y, de ser así, quién la solicitó y cuándo. Pide asimismo que se identifique a los funcionarios de Policía que le atendieron, los términos en que se desarrolló la conversación, y sobre todo si el condenado exhibió el auto de la Audiencia en el que se le imponía la obligación de entregar el pasaporte y en su caso de obtenerlo, como mantiene su defensa.

Asimismo, en la providencia judicial se interesa por las razones por las que la Jefatura no puso dicha comparecencia en conocimiento del Tribunal de inmediato y, en el mismo sentido, si la Oficina del Pasaporte la notificó a sus superiores y en qué momento lo hizo, dado que el intento de obtención de un nuevo pasaporte trascendió tres días después de que se produjese mediante una notificación en las redes sociales de la Policía.

Fuentes policiales se limitan a explicar que la funcionaria que iba a expedir el pasaporte “actuó de forma escrupulosa” y “se ciñó” al protocolo de actuaciones, consultando en una base de datos la viabilidad de expedir dicho documento y “comunicando de inmediato a sus superiores” lo sucedido. Asimismo, insisten en que “la autoridad judicial tiene ya conocimiento de todas estas actuaciones”.

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