El fiscal pide que vuelva a prisión el guardia civil de 'La manada' por riesgo de fuga

La Fiscalía de Navarra ha solicitado a la Audiencia foral la celebración de una vistilla en la que reclamar el regreso a prisión de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'La manada', tras conocerse que intentó conseguir un pasaporte el pasado lunes pese a la prohibición de salir del país. El ministerio público, que ayer mismo presentó su recurso contra el auto de excarcelación de los cinco jóvenes sevillanos, considera que tras esa petición existe un "riesgo de fuga" real manifestado en el  "intento de  quebrantamiento" de la medida cautelar expresamente acordada en el auto, en el que se explicitaba que "no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro". Y pide que se deduzca testimonio por si se le podría atribuir un nuevo delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa.

Guerrero, condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto con los otros miembros de 'La manada', intentó el lunes 25 obtener el pasaporte en una comisaría de Sevilla, pero su petición fue rechazada por la jefa del equipo de expedición de esos documentos al tener prohibida la salida del territorio nacional. Su abogada desmiente la versión de la Policía y asegura que simplemente fue a informarse sobre los trámites a seguir dado que había extraviado el documento, y que en un "exceso de celo" trató de obtener una nueva copia para entregarla en el juzgado en tiempo y forma, tal y como había sido requerido en el auto de puesta en libertad. Por este motivo, ya ha presentado un escrito en el juzgado explicando que al no tener el documento físico no puede entregarlo.

El intento de solicitar un nuevo documento saltó a través de la Policía Nacional, quien en redes sociales aseguró: "Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte... teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado. Así no".  Los letrados de La Manada se han mostrado muy molestos con este comentario , ya que podría suponer la revocación inmediata de su puesta en libertad por incumplimiento de las medidas cautelares al insinuar una posible fuga, y estudian incluso medidas legales. "No todo vale", insistieron las fuentes.

Según recordó la letrada de Guerrero, el auto de puesta en libertad dictado la pasada semana incluía la entrega del pasaporte como medida cautelar a fin de garantizar la imposibilidad de abandonar el país. El plazo vencía este viernes, por lo que el ex guardia civil decidió acudir a la comisaría de Tablada, en Sevilla, el primer día laborable desde su salida de prisión el viernes. Insiste en que Guerrero tenía el documento extraviado, y sospechaba que además caducado, de ahí que por recomendación justificar ante el juez la no entrega del documento físico. Así, el condenado había solicitado cita previa para realizar ese trámite y acudió a las 11,30 horas la comisaría, donde saltó la alerta para impedir su renovación.

La letrada explica también que cuando una hora y media después acudió al juzgado para cumplir con el otro trámite impuesto por la Audiencia de Navarra, el de la firma, preguntó de nuevo cuál era el procedimiento para entregar el documento físico, y le informaron que no era necesario porque ya constaban en la base policial todos sus datos y la pérdida del pasaporte. 

Comparecencia en el juzgado

Guerrero se encuentra en libertad provisional desde el pasado viernes 22 de junio tras abonar la fianza de 6.000 euros que le impuso la Audiencia de Navarra para salir de prisión. Como el resto de los condenados, debe comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia y así lo hizo el mismo lunes y el miércoles.

También tiene prohibido acceder a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento. Asimismo, se le retiró el pasaporte y se les prohibió salir del territorio nacional sin autorización judicial, además de designar un domicilio donde pueda ser hallado, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizado en él de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura.

Padre tras un bis a bis

Guerrero, nacido en 1989 y guardia civil desde el 2015, fue padre tras un vis a vis con su novia de siempre, mientras cumplía prisión provisional por los hechos juzgados.

Condenado a 9 años de prisión por delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento y absuelto del delito de agresión sexual, fue condenado además a 300 euros de multa por hurto, por sustraer el móvil a la víctima. En su teléfono se encontraron la mayoría de los vídeos de la agresión de Pamplona.

La noticia de su supuesto intento de conseguir un nuevo pasaporte ha generado una cadena de reacciones de repulsa y de críticas a la libertad provisional de los condenados después de que el tribunal entendiera que no había riesgo de fuga.

Recurso de la fiscalía

El incidente con el pasaporte se produce el mismo día en que tanto la Fiscalía de Navarra como la acusación particular y popular presentaban el recurso contra la libertad provisional de los miembros de 'La manada'. En un escrito de cuatro páginas, el ministerio público incide sin ambages precisamente en que hay riesgo de fuga, riesgo de reiteración y desprotección de la víctima. Así, subraya que a pesar de que las penas impuestas son inferiores a los solicitado por las acusaciones, ahora pesa sobre los condenados un castigo de nueve años, es decir, "una pena grave derivada de la comisión de un delito grave".

Además, recuerda la Fiscalía que cuatro de los cinco condenados están siendo investigados también por abusos sexuales y contra la intimidad cometidos en Pozoblanco dos meses antes de lo ocurrido en Pamplona, que sumarían más años de cárcel a su condena. Apela por tanto a la reiteración y a que esas "conductas" delictivas "no son un hecho aislado". "Y la alegación de que los procesados no van a reincidir porque han perdido el anonimato, simplemente conduce a excluir el riesgo de reiteración delictiva a cualquier procesado por hechos graves que hayan tenido trascendencia mediática".

Finalmente, la fiscalía comparte los argumentos del presidente del tribunal, que se oponía a la libertad provisional, al entender que hay desprotección de la víctima. Entre otras razones porque la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid queda en nada si la víctima se desplazara fuera de ese territorio, lo que supone "una mayor limitación deambulatoria" para ella que para los condenados.