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La Fiscalía, contra el anuncio del gobierno de defender a las víctimas

La Fiscalía General hace público un comunicado para recordar que la acusación pública tiene ya encomendada esa función

Ángeles Vázquez / J.G. Albalat

Julián Sánchez-Melgar se despidió el viernes pasado de la carrera fiscal a la espera que María José Segarra sea nombrada como fiscal general del Estado. Pero eso no ha impedido que la Fiscalía General del Estado haya querido salir en paso de su carrera "ante las declaraciones efectuadas por la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros celebrado el 22 de junio", Isabel Celaá, en la que anunció que el Gobierno iba a estudiar la personación del Estado en defensa de las víctimas de agresión sexual".

En una nota, en la que se desprende el malestar que el anuncio ha causado en la carrera fiscal y más por parte de un gabinete en el que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, es fiscal, y cuenta con dos jueces, la Fiscalía General del Estado dice querer "informar a los ciudadanos de que la defensa y tutela de las víctimas está garantizada por la intervención del ministerio fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia, por mandato constitucional" y su propio estatuto.

"Esta ha sido, y continuará siendo, la posición y la práctica del ministerio fiscal en todos los procedimientos penales con relación a las víctimas, muy singularmente respecto de las que lo son de delitos sexuales, llevando a cabo su defensa integral, tanto en la vertiente penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima", agrega el comunicado.

Tras anuncio del Gobierno el viernes, Twitter fue un hervidero de críticas sobre todo de fiscales, pero también de jueces, que entendieron que se trataba de ignorar la labor que desarrolla el ministerio público en estos procedimientos. Argumentaban que la presencia de la abogacía del Estado en este tipo de procedimientos carecía de sentido y se trataba de un salir al paso a las críticas y protestas que se produjeron por la puesta en libertad de los miembros de La Manada condenados por lo ocurrido en los San Fermines del año pasado. 

De hecho, en ese juicio, la Fiscalía ha solicitado un pena que supera los 20 años de prisión para todos ellos y, por ello, ha recurrido la sentencia que sólo les condenó a nueve. También solicitó que se les prorrogara la prisión.

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