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Justicia anuncia que también revisará las devoluciones en caliente

La ministra pide un aplazamiento de la vista ante el TEDH contra la condena a España por la devolución a Marruecos de dos inmigrantes

Ángeles Vázquez

Policías españoles tratan de disuadir a inmigrantes encaramados a la valla de Melilla, fronteriza con Marruecos.

Policías españoles tratan de disuadir a inmigrantes encaramados a la valla de Melilla, fronteriza con Marruecos. / EFE / ARCHIVO

La llegada del PSOE al Gobierno lleva aparejada la revisión de las políticas del PP, lo que incluye los recursos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia ha decidido revisar qué posición mantener ante la condena del pasado 3 de octubre por el TEDH por la ‘devolución en caliente’ a Marruecos de dos inmigrantes subsaharianos que habían superado de manera irregular la valla fronteriza de Melilla.

La corte internacional consideró que esta práctica, prevista en la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como 'Ley mordaza', es una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El anterior Ejecutivo del PP recurrió la resolución y la vista para resolverlo estaba prevista para el próximo 4 de julio. Sin embargo, la ministra Dolores Delgado ha solicitado un aplazamiento para revisar la postura que mantendrá España. 

Un sistema cuestionado

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el Gobierno del Partido Popular en 2015, legalizó las ‘devoluciones en caliente’ bajo la figura jurídica del 'rechazo en frontera', incluida en una disposición adicional de la ley que provocó una modificación en este sentido de la Ley de Extranjería.

Eso permite la expulsión inmediata de quienes superan de manera irregular los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla sin que puedan acceder a los procedimientos legales a los que hasta entonces tenían derecho: apertura de expediente administrativo, asesoría jurídica y proceso de identificación para determinar si pudieran acogerse a las figuras del asilo o refugio.

Altos organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o el Consejo de Europa, así como numerosas organizaciones no gubernamentales, ha puesto en duda la adecuación de esta normativa a la legislación internacional en materia de derechos humanos.