Ir a contenido

El PSOE propone que las eutanasias precisen el aval de dos informes médicos

El Congreso aprobará tramitar la regulación de la eutanasia, que reconocerá el derecho a la objeción de conciencia

Patricia Martín / Manel Vilaseró

Concentración a favor de la eutanasia en el Congreso de los Diputados el pasado mayo.

Concentración a favor de la eutanasia en el Congreso de los Diputados el pasado mayo. / JOSÉ LUIS ROCA

La semana que viene se abrirá una puerta más para que España pase a ser uno de los pocos países en el mundo que han regulado la eutanasia. El pleno del Congreso aprobará tramitar una iniciativa del PSOE destinada a regular los actos deliberados de poner fin a la vida, en caso de enfermedad o discapacidad grave que produzca un "sufrimiento insoportable" y sin cura. El pasado mayo la Cámara baja ya dio el paso de admitir a trámite la despenalización de esta práctica, a propuesta del Parlament, y ahora se trataría de regular cómo se podría llevar a cabo.

El portavoz de Sanidad del PSOE, Jesús María Fernández, “no tiene ninguna duda” de que la propuesta de ley recibirá el visto bueno del Congreso y EL PERIÓDICO ha hablado con la mayoría de los grupos, que ratifican que podría salir adelante con el apoyo, al menos, de Podemos, el PDECat, ERC y el PNV. “No hablamos de caprichos, ni de asesinatos, sino de personas que no tienen solución. Hay que regularlo”, opina Joseba Agirretxea, del PNV.

A solicitud del afectado

El texto que debatirá el pleno del Congreso propone que se incluya la eutanasia como una prestación más de la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud, para aquellos pacientes con una enfermedad o discapacidad "grave", un sufrimiento "intolerable, insoportable e irreversible", que no pueda ser "aliviado” y que les produzca una dependencia de otras personas, sin que sea necesario que sufran una dolencia terminal. 

Sería el propio afectado, de nacionalidad española o con residencia legal, el que pediría poner fin a su vida, de manera voluntaria, por escrito, en presencia de un médico que rubricaría la solicitud. Tras lo cual, se abriría un proceso de 17 días en el que otro médico analizaría la petición. Finalmente, las comisiones de seguimiento de las Comunidades Autónomas, que tienen transferida la competencia en Sanidad, tendrían la última palabra. El proceso no debería demorarse más de 32 días y los médicos tendrían derecho a la objeción de conciencia.

La tramitación parlamentaria

Las condiciones, no obstante, pueden variar durante la tramitación parlamentaria, que se prevé compleja dado que el PP ya ha anunciado su rechazo a legalizar la eutanasia y podría hacer tándem con Ciudadanos, gracias a que disponen de mayoría en la Mesa de la Cámara baja, para dilatar excesivamente los plazos de tramitación, como ha sucedido con otras leyes que no eran de su agrado a lo largo de la presente legislatura.

La lógica dice que la despenalización de la eutanasia y la iniciativa socialista, que también contempla eliminar esta práctica del Código Penal -que contempla plenas de hasta 10 años de prisión por inducir o cooperar en un suicidio pero las atenúa a cinco años en el caso de eutanasia-, se fusionen en una, pero a partir de ahí la derecha podría bloquearlas. Ciudadanos se abstuvo ante la admisión a trámite de la iniciativa del Parlament y este podría ser de su sentido del voto la semana próxima, dado que fuentes del partido naranja señalan que la propuesta del PSOE “tiene muchos puntos dudosos” pero aún así no se oponen a “abrir un debate” sobre el tema.

La ley de muerte digna

El partido de Albert Rivera prioriza la llamada ley de muerte digna, que impulsó hace un año y todavía no ha visto la luz, dirigida a pacientes en la fase final de su vida. La norma contempla el derecho a la sedación y reclama evitar el "encarnizamiento terapéutico" que conduce a la prolongación de un sufrimiento “innecesario”, pero no regula el derecho a morir propiamente, ni está destinada a pacientes no terminales.

Por eso colectivos como Dret a Morir Dignament han recibido “satisfactoriamente” la iniciativa socialista. Uno de sus coordinadores, Xavier Gol, argumenta que en países como Holanda, donde la eutanasia lleva permitida 20 años, se ha demostrado que no hay riesgo de que se utilice con fines ilícitos, como por ejemplo para cobrar una herencia, ni de que sirva para “quitar de encima a las personas molestas”. En Holanda entre el 3% y el 4% de los fallecidos han solicitado previamente su derecho a morir, mientras que las unidades de cuidados paliativos en España calculan que aproximadamente un 2% de las personas atendidas querrían anticipar su propia muerte.

0 Comentarios
cargando