Los enfermos terminales tendrán mayor acceso a los fármacos experimentales en EE UU

Cuando el sida era todavía una enfermedad incomprendida y mucho más estigmatizada de lo que está hoy, emprendedores como el tejano Ron Woodroof se dedicaron a viajar a México para introducir clandestinamente en Estados Unidos fármacos que todavía no habían sido aprobados por sus autoridades con la esperanza de tratar los síntomas y aumentar la esperanza de vida de los pacientes. La historia de Woodroof quedó inmortalizada en ‘Dallas Buyers Club’, la película de Jean-Marc Vallée estrenada en 2013 y ampliamente reconocida en los Óscar. El film sirvió para abrir un debate sobre los riesgos y beneficios de autorizar el uso de medicamentos en fase experimental, un debate que se ha cerrado esta semana. Donald Trump acaba de firmar una ley para que los enfermos terminales puedan acceder con más facilidad a los fármacos que todavía no han sido aprobados por las autoridades sanitarias.

Los medicamentos en EE UU tienen que superar tres fases de ensayos clínicos antes de llegar al mercado, un proceso que suele tardar años en completarse. En la primera de ellas, tienen que demostrar que son relativamente seguros, un umbral que a veces se supera con pruebas en tan solo 30 pacientes. La Fase 2 y 3 son bastante más complicadas, ya que se tiene que probar que el fármaco es efectivo y que sus efectos secundarios no son demasiado severos. Es ahí donde muchos se quedan en el camino. Pero la nueva ley elimina las dos últimas fases para los pacientes con enfermedades graves y avanzadas. Bautizada como Derecho a Probar, les permitirá acceder a los fármacos que hayan superado solo la Fase 1, siempre y cuando la farmacéutica que lo está desarrollando se lo permita. “Es un derecho fundamental”, dijo Trump al firmar la ley rodeado de ciudadanos que podrían beneficiarse de la iniciativa.

Pero la ley no está exenta de críticas y es menos revolucionaria de lo que potencialmente parecería. Por un lado, 38 estados ya contemplan medidas muy semejantes en sus legislaciones y, por otro, el Gobierno federal ya tiene un programa llamado “uso compasivo” que esencialmente cumple las mismas funciones que la nueva normativa. La diferencia es que hasta ahora los pacientes tenían que acudir a un panel de expertos gubernamentales para que autorizara su solicitud antes de llamar a la puerta de las farmacéuticas. Ahora podrán hacerlo directamente, pero el impacto será mínimo porque ese panel autorizaba el 99% de las solicitudes, según cifras oficiales.

Varias asociaciones de pacientes, como la Sociedad Americana del Cáncer, sostienen que la ley será más perjudicial que beneficiosa. Dicen que, por un lado, se corre el riesgo de crear falsas expectativas y, por otro, de acortar la vida de los enfermos que prueben tratamientos ineficientes y nocivos. También están las posibles consecuencias legales para las farmacéuticas que suministren medicamentos que acaben resultando fatales o la pregunta de quién cubrirá los costes de los tratamientos, en un país donde la mayoría de la población no tiene acceso a una sanidad pública.

“Acceder a fármacos no aprobados puede ser costoso, dado que el suministro es limitado, y prácticamente ningún seguro médico cubrirá los tratamientos”, ha escrito el experto en políticas sanitarias, Morten Wendelbo. “De modo que el acceso quedará restringido a los estadounidenses ricos que pueden pagarse el tratamiento y sus posibles consecuencias adversas”.