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VARAPALO JUDICIAL

Anulada la venta de 3.000 viviendas sociales de Madrid a un fondo buitre

El juzgado contencioso 29 de la capital estima el recurso de un inquilino que afecta al conjunto de la operación

El Ejecutivo regional acata la sentencia y reconoce que la operación del expresidente González "no fue un acierto"

Manuel Vilaseró

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla. / BALLESTEROS (EFE)

La controvertida venta de casi 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre llevada a cabo por la Comunidad de Madrid el año 2013 ha sido anulada por el juzgado contencioso-administrativo número 29 de la capital de España. La sentencia es producto de una demanda presentada por uno de los afectados y con ella acaba una larga lucha emprendida por el colectivo de afectados. El actual presidente madrileño,  Ángel Garrido, ha dicho que  la "acatará" y que la venta "no fue un acierto".

En plena crisis económica, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid, enajenaron un total de 5.000 viviendas sociales de alquiler  adjudicadas a familias vulnerables a los fondos buitres Goldman Shacks y Blackstone. A los pocos meses, éstos empezaron a subir las rentas y a desahuciar a quienes se negaban a pagarlas.

Investigaciones penales

Desde entonces, dos juzgados madrileños investigan las presuntas irregularidades cometidas por los responsables de las ventas pero la anulación de la operación del Ivima, el organismo que gestionaba los pisos sociales del Ejecutivo regional, ha llegado por otra vía. Ha sido gracias a un recurso de un arrendatario del Navalcarnero asistido por  un abogado de oficio. Inicialmente fue desestimado por una cuestión de forma, pero que el Tribunal Supremo anulço esta decisión y devolvió la cuestión al tribunal que ahora ha dictado el fallo.

El veredicto considera que la necesidad de vender 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales a Azora Gestión, filial de Goldman Sahcs, por 211 millones de euros no se justificó en el expediente de compraventa.

Venta innecesaria

“No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”, señala la sentencia. Sólo se podría haber justificado la enajenación, añade,  “si no hubiese existido una demanda y las viviendas estuviesen desocupadas, algo que no sucedió ya que las casas estaban ocupadas en un ochenta por ciento".

El fallo también destaca que la venta no fue aprobada por el Consejo de Administración del Ivima, cuando era un requisito necesario en una operación de estas características, que supone "una alteración de todo un programa de actuación".


Compromiso de Garrido

Además de comprometerse a acatar la sentencia, el presidente Garrido, ha explicado que deberán ser ahora los servicios jurídicos los que decidan como aplicarla.

Cuando se produjo la venta, la Comunidad de Madrid estaba encabezada por Ignacio González, hoy bajo investigación judicial por la compra de un ático en Estepona y por el cobro de comisiones millonarias a través de la empresa pública Canal de Isabel II.

Trufado de irregularidades

El fiscal del juzgado de instrucción número 48 que investiga la venta asegura que el proceso estuvo "trufado de irregularidades" y podría constituir un delito de prevaricación y otro de malversación.

La autoría de estos delitos correspondería a dos exdirectivos de la entidad: Ana Gomedio, que era directora del Ivima en el momento de la venta y Juan Van-Halen, que dimitió de su cargo como director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento cuando comenzó a ser investigado. Gomendio es hermana de la actual pareja del exministro de Educación José Ignacio Wert.

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