El Congreso exige prohibir las cláusulas antiembarazo a deportistas

El miedo a echar por tierra su carrera lleva a muchas deportistas jóvenes a firmar contratos que explicitan que si se quedan embarazadas se rescinde unilateralmente la vinculación. Estas cláusulas son nulas de pleno derecho, porque suponen una flagrante vulneración de los derechos laborales, pero algunos clubes o federaciones hacen oídos sordos y en la mayoría de los casos el abuso queda inmune porque las afectadas no denuncian, ante el temor a perder su gran oportunidad. Los pocos casos que salen a la luz, normalmente es de deportistas ya retiradas.

Para atajar esta situación, el Congreso, en la Comisión de Igualdad, dio este jueves luz verde a una iniciativa de ERC que insta al Gobierno a hacer las modificaciones legislativas necesarias para prohibir, de forma expresa, las llamadas cláusulas antiembarazo. 

"Es obvio que son nulas de pleno derecho, pero [al no prohibirlas]  la administración ha hecho dejación y ha dejado en desamparo a muchas deportistas", defendió la republicana Ester Capella. "El deporte femenino nada en la economía sumergida" y los contratos "son lentejas", denunció María Teresa Arévalo, de Podemos.

Por ello, la proposición no de ley pide además sancionar y prohibir el acceso a subvenciones a aquellas empresas abusivas, que se impulsen las inspecciones y se pongan en marcha campañas dirigidas tanto a los clubes como a las propias deportistas, para extender la idea de que es ilegal obligar a las afectadas a renunciar a su maternidad. 

El PP, que se abstuvo, rechazó que haya que hacer mejoras legislativas, interpretación que refutaron el resto de grupos, además de reprochar al Gobierno que guardara en el "cajón del olvido" una iniciativa similar del 2016.

Lucha contra las violaciones

El Congreso aprobó además una iniciativa que insta al Gobierno a "combatir el fenómeno del incremento del uso de drogas para facilitar los ataques a la libertad sexual", adoptando medidas contra los nuevos 'modus operandi' de los violadores.

La Cámara baja puso así el foco en las violaciones más difíciles de probar, aquellas en las que el agresor recurre al uso de estupefacientes (como la conocida burundanga) para anular la voluntad de la víctima. Los expertos alertan de que han aumentado las llamadas violaciones por sumisión química, pero no hay datos precisos porque si ya en muchas agresiones sexuales las víctimas no denuncian, en este caso aún menos porque les cuesta tener consciencia de lo sucedido, debido al efecto de las drogas, y cuando recuperan la memoria en ocasiones es tarde, porque las sustancias desaparecen de su cuerpo en apenas unas horas.

Por ello, la propuesta aprobada, como adelantó EL PERIÓDICO, reclama que se pongan en marcha campañas que incentiven que las víctimas a buscar asistencia a la mayor brevedad posible. Además pide que se realicen estudios sobre el impacto de estos delitos.

La proposición no de ley, impulsada por el PSOE, pide incrementar las penas previstas para las violaciones con uso de drogas o alcohol en su límite inferior (ahora está fijado en cuatro años), pero este y otros partidos apostaron porque sea la comisión a la que Justicia ha encargado estudiar una reforma del Código Penal, a raíz de la controvertida sentencia de 'La manada', la que analice si es conveniente de agravar las penas.