La comisión de los delitos sexuales se planta y pide a Justicia paridad en el órgano

La Sección Penal de la Comisión General de Codificación que Rafael Catalá ha resucitado para revisar los delitos sexuales, a raíz de la polémica sentencia de 'La manada', se ha plantado este jueves y ha exigido por unanimidad al ministro que el órgano consultivo sea paritario. 

Según ha explicado el catedrático Enrique Peñaranda al término de la primera reunión, "solo una vez que se reestructure y se garantice el equilibrio entre hombres y mujeres", el comité estará "en condiciones de asumir el encargo recibido", que no es otro que estudiar una posible modificación de los delitos sexuales después de la conmoción causada por la sentencia, que condena a los cinco acusados a nueve años de prisión por abusos y no por agresión, al no apreciar que hubo intimidación sobre la víctima, solo prevalimiento, que es la diferencia prevista en el Código Penal para aplicar uno u otro tipo penal.

Justicia ha informado que Catalá "hace suya" la propuesta de la comisión y va a proceder a completar la composición del órgano asesor. Esta misma mañana, el exministro Javier Moscoso del Prado, ha presentado su renuncia en el encuentro. Alega que la comisión "está envejecida", no se reúne "desde hace 20 años", por lo que es "poco operativa", y "quebranta el principio de igualdad" por su falta paridad, especialmente en una administración "cargada" de mujeres. De ahí que prefiera dejar su hueco a una de ellas.

También dijo no compartir el momento elegido para estudiar una posible reforma legal, justo después de la sentencia sobre la violación en los San Fermines, argumento también esgrimido por el catedrático de Penal Francisco Muñoz Conde, que renunció tras ser convocado por carta por el presidente de la comisión, Esteban Mestre. El catedrático ya jubilado de la Universidad San Pablo de Olavide entendió que la reunión, en medio de las protestas y los juicios paralelos incurría en una "demagogia punitiva" propia de nazismo.

La incorporación de mujeres

Con ambas renuncias el órgano, que no se ha reunido desde que Felipe González llegó al Gobierno, ha quedado formado por 18 hombres. Al trascender que solo lo formaban expertos, las catedráticas se movilizaron exigiendo a través de un manifiesto la dimisión de los vocales actuales para introducir mujeres. Catalá reaccionó ante las críticas y propuso que se incorporaran mujeres, pero de forma temporal, para estudiar esta revisión en concreto, por lo que su encargo solo fue aceptado por cuatro. Una quinta, la catedrática de la Universitat de Barcelona Mirentxu Corcoy, renunció al saber que había sido convocada a una colaboración puntual. 

La Sección Penal de la Comisión de Codificación puede tener hasta 30 miembros, por lo que con los 18 actuales aún se pueden incorporar otros 12, que deberían ser mujeres para cumplir o al menos acercarse a la paridad. En la última incorporación, realizada por el propio Catalá en 2015 solo se incorporaron hombres, pese a que entonces ya había una treintena de catedráticas y más mujeres que hombres tanto en la carrera fiscal como la judicial. El decreto que regula este órgano asesor del Ministerio de Justicia obliga a que los vocales sean elegidos entre reconocidos juristas con más de 15 años de experiencia.