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Los efectos de la austeridad

La renta mínima, el primer gran recorte social del Govern de Mas

El 'conseller' Mena se centró en poner en duda la honestidad de los más de 30.000 titulares de la prestación, que quedaron en 24.000

Toni Sust

En diciembre del 2010, 30.284 personas recibían en Catalunya la renta mínima de inserción (RMI). Unos 500 euros de media. En diciembre del 2011, la cifra se había reducido hasta los 24.765 titulares. Entre una fecha y otra se produjo un drástico recorte de la prestación. Tuvo lugar en verano del 2011 y fue el primer tijeretazo social del Govern de Artur Mas, que argumentaba que el Gobierno central le obligaba a la austeridad. El Gobierno central argumentaba que la UE le obligaba. El motivo principal del recorte fue el desempleo generado por las dificultades económicas. El Ejecutivo catalán temía que los desempleados incrementaran la nómina de la RMI de forma masiva en cuanto agotaran la prestación y el subsidio de desempleo.

La vía elegida fue la más drástica: denunciar que existía “fraude” por parte de algunos perceptores de la ayuda. Mas se justificó por la necesidad de frenar “el abuso": "O actuábamos para intentar romper el abuso, o si no en octubre no podría cobrar prácticamente nadie, y hay mucha gente que lo necesita". Más tarde, hubo un cambio de discurso y se anunció una reforma de la RMI. Pero fue un recorte.

Mena y el fraude

La labor no era un plato de gusto, aunque siempre hay alguien dispuesto a ensuciarse las manos. En este caso, fue Francesc Xavier Mena, conseller de Empresa i OCupació, apóstol de las escuelas de negocios. El de Benestar Social, Josep Lluís Cleries, también implicado en la gestión de la RMI, optó por un perfil bajo y llegó a pedir disculpas a los afectados. La Generalitat dejó de pagar la mensualidad de la renta mínima de agosto del 2011 y lo hizo mediante un cheque enviado por carta. A renglón seguido, Mena sembró la duda sobre los titulares y denunció que muchos cobraban fraudulentamenteSubrayó que miles de los titulares eran marroquís y que se habían detectado transferencias al extranjero que sugerían que había personas que seguían recibiendo la ayuda pese a haber vuelto a sus países. Meses después, aseguró que un 93% de los titulares incurría en “fraude". Finalmente, el Govern expulsó a 4.521 personas de la RMI, cerca de un 15% del total de titulares que había a principio del 2011. El motivo principal fue haber abandonado Catalunya temporalmente sin avisarlo (es decir, ir de vacaciones al país de origen).

El Govern logró así ahorrar 27 millones de euros. Lo siguiente fue bloquear la prestación: se endurecieron las condiciones para entrar y permanecer en la RMI, que dejó de ser un derecho subjetivo. Hasta entonces, la partida de la ayuda era abierta. Cuando alguien reunía los requisitos para cobrarla, se le pagaba y el presupuesto se iba ajustando. El Govern de Mas cerró la partida: cuando se agotaba ya no podía entrar un titular más.