Ir a contenido

Másteres a examen

Los expertos confirman la inflación de posgrados y reclaman un ajuste a la demanda y la acreditación de los títulos no oficiales

Imma Fernández

Concentración de estudiantes contra el máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, el pasado 9 de abril.

Concentración de estudiantes contra el máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, el pasado 9 de abril. / José Luis Roca

El fenómeno de los másteres, en entredicho por el título fantasma de Cristina Cifuentes, empezó con el llamado plan Bolonia (Espacio Europeo de Educación Superior), un acuerdo impulsado por las universidades europeas para modernizar el sistema de educación superior y hacerlo homologable para facilitar el intercambio de estudiantes. El grado sustituyó a las licenciaturas y diplomaturas, el máster suponía una especialización de un año (60 créditos) o dos (120) y al doctorado se accedía tras el máster específico. La paradoja es que mientras la mayoría de los países aplicaron el 3+2 (tres años de grado y dos de máster), España optó por ir a su bola, desmarcándose con el 4+1. 

“La cada vez mayor movilidad de alumnos acentúa el desajuste y ahora la tendencia es que se hagan grados más cortos y más másteres”, sostiene Albert Sangrà, doctor y profesor de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Pero el giro hacia el 3+2 no es fácil. “Se tendrá que replantear la financiación. Es muy complejo, con sus pros y sus contras”.

¿Es un negocio?

La ‘titulitis’ y los precios más elevados de los másteres respecto de los grados han despertado suspicacias sobre la mercantilización de la universidad. ¿Es un negocio la proliferación de másteres? “Para algunos obviamente sí, pero no hay que generalizar. Está claro que los centros privados buscan beneficios y los públicos, ser sostenibles”, concede Sangrà. En cualquier caso, el precio debe estar justificado y, a su juicio, en Catalunya “hay una gran certeza de la calidad de los títulos oficiales, que pueden ser tanto de universidades públicas como privadas”.     

De acreditar las enseñanzas oficiales de las universidades catalanas se encarga la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), presidida por Josep Joan Moreso. Un organismo que tiene su equivalencia a nivel estatal en Aneca. “Los expedientes son sagrados y casos como el de Cifuentes, en el que se presupone una posible conspiración entre los responsables académicos y administrativos, no son admisibles”, sentencia.

El calificativo de ‘universitario’ acompaña a los másteres regulados pero también existen los llamados posgrados propios que no son oficiales y no pasan ningún proceso de acreditación, una asignatura pendiente, convienen Moreso y Sangrà, pues deberían someterse a similares criterios de calidad. 

En la misma línea se expresa Vera Sacristán, directora del Observatori del Sistema Universitari (OSU), para quien la mayoría de estos posgrados no regulados tienen un “objetivo económico”. No es el caso, en su opinión, de las titulaciones oficiales de centros públicos, donde los “másteres supercaros son minoría”. Respecto de la calidad, considera que es “muy variable”. “En general los oficiales son serios, especialmente los orientados al doctorado y los habilitantes, necesarios para ejercer la profesión”.   

Empanada de ‘titulitis’

La explosión de estudios superiores es consecuencia, según Sacristán, de “un sistema competitivo para intentar atraer a más estudiantes, pero no significa que acabe beneficiando a las instituciones públicas”. El problema, subraya, es que ese exceso, mayor en los grados que en los másteres, provoca “un desconcierto” en el alumnado.  Una empanada de ‘titulitis’ inexistente antes del plan Bolonia, cuando el ministerio fijaba los estudios. “Falta planificación, no está claro que esté justificada tanta variedad. No veo sentido en que se hagan grados de diseñador de webs; debería ser informática y luego la especialización”, ilustra la experta, que destaca el descenso de másteres oficiales en España en el último año, síntoma de una rectificación. Así, según las estadísticas del Ministerio de Educación, en el 2017-2018 se registraron 3.540 másteres oficiales (2.780 públicos y 779 privados), de los cuales 706 fueron en Catalunya, mientras que en el 2016-2017 subieron a 3.772 (930 en Catalunya). 

El presidente de AQU Catalunya admite la inflación de másteres experimentada en los últimos años y reclama adecuar la oferta a la demanda. “Muchos profesores e investigadores ofrecen estudios para especializaciones y estas pueden ser infinitas”, apunta. Lo que los datos en Catalunya avalan es la relevancia de contar con esa titulación para el ingreso en el mercado laboral. “Según nuestra última encuesta, el paro de los másteres es inferior al 5% mientras que el de los que son solo graduados se eleva casi al 9%”. Además, el 70% de los másteres consiguen trabajar de lo suyo. Son conclusiones “esperanzadoras”, aunque hay aspectos que conviene revisar. “La satisfacción es mayor en los grados que en los másteres, lo que demuestra que hay que calibrar mejor esa enseñanza”. 

A contracorriente de Europa

Moreso corrobora el “desacierto” de ir a contracorriente de Europa con el 4+1 y sugiere el porqué. “Cuando se estableció la medida todos los rectores catalanes fuimos a intentar convencer a la ministra de entonces Mercedes Cabrera para que rectificara. No hubo manera. Pienso que tenían miedo de que las antiguas licenciaturas de cinco años al pasar a tres se sintieran devaluadas”, argumenta. El desfase empieza a corregirse en algunos nuevos grados, pero en las carreras tradicionales los rectores han acordado mantener el 4+1. 

El trasvase al 3+2 debería comportar un reajuste de las tasas, expone Moreso, equiparando el precio del primer año de máster al de grado. Las tarifas se establecen por créditos, oscilando desde el 30,88 euros a 41,17 según las rentas familiares. Un 85% de los másteres tienen 60 créditos (un año de duración), y el resto 90 o 120 (profesiones reguladas), lo que se traduce en precios que se disparan a 3.000 o 4.000 el máster público de un año (de 5.000 a 6.000 o incluso más el privado), mientras que el grado se sitúa entre 1.700 y 2.500 euros. Los precios para los estudiantes extracomunitarios son superiores. No es cuestión de subvencionar a los ricos de México o EEUU, justifica Moreso. Capítulo aparte son las enseñanzas en las elitistas ESADE e IESE para la formación de directivos que pueden rondar los 60.000 euros. En todo caso, el prestigio del centro, afirma, es un valor añadido. 
    
Algunas voces expertas apuntan a que las competencias ajenas a la titulación cotizan al alza. El doctor Sangrà explica que hay empresas para las que el peso del currículo no es tan determinante, e incluso hay corporaciones que "prefieren formar ellas de manera específica al personal”. Ismael Peña, profesor de Políticas Públicas para el Desarrollo de la UOC, apunta otra tendencia: "El mercado laboral valora cada vez más el saber hacer que el saber”.