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Los nuevos aparatos

Condenas y exilios eléctricos

Una mujer con electrosensibilidad relata la huída de su propia casa ante el impacto de la señal de los nuevos contadores

La justicia ordena que se restituya la luz a un vecino de Cornellà a quien se le cortó por negarse a instalar el aparato

Víctor Vargas Llamas

Gemma Plana, afectada de electrosensiblidad, en una playa barcelonesa. / JOAN CASTRO (ICONNA)

Gemma Plana, afectada de electrosensiblidad, en una playa barcelonesa.
Pablo Álvarez inspecciona su contador eléctrico en su domicilio de Cornellà. 

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Gemma Plana huyó de su casa el jueves de la semana pasada, en plena noche, con rumbo incierto, casi a la desesperada. Ningún incendio acechaba su vivienda, ni nadie entró a robarle. La amenaza es etérea, en forma de ondas electromagnéticas que emanan del contador que le acababan de instalar a un vecino, sostiene. Señales que se expanden hasta impactar contra su cuerpo sensible. Desde hace 15 años, Gemma está diagnosticada de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple e hipersensiblidad electromagnética por especialistas del Hospital Clínic. "El jueves me levanté con vértigo, con el cerebro ardiendo, ansiedad, sin fuerzas, con una mancha marrón en la cara... Antes de saber que habían cambiado la instalación a un vecino. Mi médico me dijo que tenía lipodistrofia semicircular, que afecta al tejido adiposo subcutáneo, y que me marchara de casa lo antes posible", recuerda.

Gemma sufre el cerco tecnológico: ha cambiado 9 veces de segunda residencia

Gemma reside en el Eixample, donde solo enciende la nevera y usa linternas al anochecer. "Si pongo una lavadora, me voy de casa", describe. Pero incluso así, de tanto en tanto, su cuerpo dice basta y debe buscar refugio en la montaña o en la playa. Exilio eléctrico, allá adonde no tenga que soportar señales y repetidores. Un objetivo infructuoso ante el implacable cerco tecnológico: "He cambiado nueve veces de segunda residencia, hasta que compramos una caravana y buscamos espacios donde estar a salvo". Ahora se ha instalado por la costa barcelonesa, desesperada por no poder volver a su domicilio. "Me paso los días llorando, con ataques de ansiedad; hasta ahora tenía la suerte de la generosidad de mis vecinos, que tienen cableada la señal de internet y apagan el móvil por la noche para que yo pueda dormir. Pero un propietario que no es residente habitual aceptó la instalación de los nuevos contadores, algo a lo que todos los demás nos negamos", resume. 

Se desespera ante la adversidad, cansada, a sus 72 años, de ser "una nómada", indignada cuando alguien le recomienda que vaya a una masía o a una tienda de campaña. Reclama su derecho a mantener su residencia desde hace cuatro décadas, "de tener vida", pero lamenta que "Endesa ignora todos los certificados médicos oficiales" que les remite. Gemma reclama que le visite el médico que tiene la compañía, "que compruebe en primera persona el daño" que sufre, la condena que vive en su propia casa.

Derechos

Otro tipo de condena, aunque también relacionada con los contadores, es la que le ha tocado a Pablo Álvarez y a su familia en su domicilio de Cornellà. Casi mes y medio sin electricidad después de que Endesa les cortara la luz ante la negativa a aceptar el nuevo contador. "Desde el 2014 pido información a la compañía para conocer el impacto sobre la salud de la telegestión, pero replican que se limitan a cumplir la normativa", describe. Pablo recuerda las dificultades de vivir sin luz y por tanto sin calefacción eléctrica, con la imposibilidad de conservar alimentos, de que sus hijas atiendan sus obligaciones estudiantiles, de lavar la ropa íntima en casa. Pero sobre todo lamenta que "las empresas pisotean los derechos de los ciudadanos con la complicidad del Gobierno". 

Pablo lamenta que se "pisoteen" los derechos del usuario con la complicidad del Gobierno

Pablo ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Cornellà, que se sumó a su denuncia y demandó a la empresa por coacciones. "Es muy grave, una vulneración de los derechos fundamentales por parte de una multinacional que habla de compromiso social pero no tiene un servicio de mediación", explica Montse Pérez, tenienta de alcalde y concejala de Educación y Política Social. Esta semana, el juez ordenó cautelarmente que se restituya la luz en el hogar de los Álvarez.

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