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LA FUTURA LEY DEL ALCOHOL

El Parlamento propone controles de alcoholemia para menores en la calle

Los jóvenes estarían obligados a 'soplar' si participan en un botellón o consumen en la calle

El informe prevé sancionar a los padres e incluso la retirada de la custodia en los casos más graves de reincidencia

Manuel Vilaseró

Menores haciendo botellón.

Menores haciendo botellón. / ADRIANA DOMÍNGUEZ

El consumo de alcohol está prohibido entre los menores de 18 años. Nada parecería más natural, por tanto, que la policía pudiera usar alcoholímetros para detectar si alguno ha incumplido la ley. Algo así propone el informe que servirá de base para la futura ley contra el consumo de alcohol en menores, aprobado la semana pasada por una ponencia conjunta Congreso-Senado y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

No es cuestión de asustarse. No se trataría, en principio, de establecer controles indiscriminados en las calles como ocurre con los conductores en las carreteras. Ni siquiera en el interior los bares. Aunque el documento no lo precisa, se desprende del mismo que el objetivo sería utilizar los aparatos para poder probar fehacientemente la participación de un menor en un botellón o que de verdad estaba consumiento alcohol en la calle.

Reticiencias judiciales

Ambas actividades estarían prohibidas en la futura ley de ámbito estatal, “salvo en terrazas y áreas autorizadas”. Ya están vetadas en la mayoria de comunidades autónomas y municipios pero una de las dificultades con las que se han topado estas estas administraciones hasta ahora es que muchos jueces levantan las sanciones a los menores. Que un policía detecte a un niño con una botella de calimocho al lado no les parece suficiente en muchas ocasiones para determinar que efectivamente ha consumido.

Por eso el informe propone  “habilitar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer, en menores de edad, pruebas en aire expirado o requisar envases con supuesto contenido de bebidas alcohólicas si hay menores consumiendo y pruebas de confirmación a demanda”.

Este redactado genérico aún puede precisarse el próximo martes cuando la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas lo someta votación y modifique lo que los grupos estimen conveniente. La ponencia lo ha aprobado por unanimidad, con algunos votos particulares y la abstención de ERC y PNV.

Aumentar las sanciones

Con ese material probatorio sería más fácil ejectutar la sanciones, que el informe recomienda “aumentar” tanto a los menores como a los progenitores, previendo, sin embargo, “su sustitución por trabajos a favor de la comunidad”. También se sugiere “la posibilidad de su cumplimiento alternativo mediante actuaciones formativas en las que participen tanto los menores como sus tutores y representantes legales relacionando las mismas con mecanismos educativos, de intervención social”.

El informe determina que en los casos más graves de reincidencia, “donde quepa demostrar una actitud negligente de los padres o madres, con evidente riesgo para el menor, se aplicaría la normativa ya existente en el ordenamiento jurídico vigente para la protección del menor”. Es decir, que podría quedar afectados los derechos de custodia de los progenitores.

El documento también propone algo que parece de lógica aplastante pero que no está fijado en la ley de Seguridad Vial. Sí el alcohol está prohibido a los menores, para los conductores de vehículos menores de 18 años, ya sean ciclomotores o bicicletas, la normativa de tráfico debería establecer establecer una tasa cero para ellos.

Cierre del local

Los horarios y condiciones de venta se endurecen en general, aunque las medidas más llamativas son las fuertes sanciones que se piden contra cualquier tipo de local o comercio que venda o suministre alcohol a menores de manera reiterada, llegando a poder ser incluso clausurado. 

Tampoco quedan exentos los nuevos canales de venta 'online', reparto a domicilio o venta ambulante. Todos serían vetados estrictamente para el suministro a menores.

El informe recoge los últimos estudios, según los cuales los jóvenes tienen una percepción de que es "fácil" acceder al producto al mismo tiempo que consideran bajo el riesgo de consumirlo. Contra esta fatídica combinación deberá actuar la nueva ley, sobre todo "con mecanismos preventivos y educativos", pero sin renunciar a los coercitivos.

Contra la tolerancia social

Algunos expertos que comparecieron en la ponencia se mostraron "escépticos" sobre la necesidad de aprobar una nueva norma al existir legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales y cuyo impacto, sin embargo, "no ha sido el esperado". Por eso el informe pone el acento en la necesidad de que "cualquier medida" a desarrollar "cuente con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario".

El impacto de la entrada en vigor de la nueva norma debería servir también para "sensibilizar" a toda la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de los menores y disminuir la tolerancia social al consumo en esta etapa vital para el desarrollo de la persona,