DECISIÓN JUDICIAL
El juez exculpa a 40 de los 47 médicos investigados por colocar prótesis en mal estado
Entre los facultativos exentos de cargos está Miquel Vilardell, que fue presidente del Col.legi de Metges de Catalunya
El doctor Miquel Vilardell. / .34758467
Por qué confiar en El Periódico El juez de Reus que investiga el uso de prótesis caducadas y en mal estado de Traiber en hospitales catalanes ha archivado el proceso abierto contra 40 médicos y diez de empleados de la empresa y mantiene la imputación para siete cirujanos y tres directivos de la compañía. Entre los exculpados se encuentra el que fue presidente del Col.legi de Metges de Barcelona entre el 2010 y 2014, Miquel Vilardell.
El juez acuerda el archivo de la causa a un total de 40 médicos cuyos nombres figuraban en las fichas comerciales de Traiber, al entender que no hay indicios de que cobraran comisiones ilegales de la compañía, ni que llegaran a colocar las prótesis defectuosas.
El juez ha tomado declaración como investigados a 47 cirujanos cuyos nombres fueron hallados en documentación incautada en Traiber pero, tras escuchar sus explicaciones, ha concluido que figuraban en las fichas de la fabricante de prótesis porque esta tenía "tan solo el deseo" de contactar con ellos y "tal vez ofrecerles comisiones" por colocar las piezas defectuosas. El magistrado concreta que ninguno de estos facultativos aceptó esas comisiones y, en un número importante de casos, ni se reunieron con la empresa.
En opinión del togado, "es lógico pensar que los responsables de Traiber intentaban poner en marcha una estrategia comercial agresiva (muchas veces con apariencia delictiva) al final de su vida empresarial", dado que "la realidad del mercado la había situado como una empresa obsoleta y sin relevancia en el circuito ortopédico".
Empleados de la empresa
El juez también ha archivado la causa para una decena de empleados de Traiber, al concluir que ninguno de ellos tenía "capacidad real en la toma de decisiones en la empresa” y por la falta de pruebas de que conociesen "la dinámica delictiva" que había puesto en marcha la compañía para "falsificar" etiquetas y redistribuir prótesis en mal estado. En cambio, mantiene la imputación de tres responsables de la firma.
El juez de Reus que ha tomado esta decisión en una pieza del denominado ‘caso Innova’ de presunta corrupción política que estalló en el 2012. Los principales investigados son altos cargos de la salud pública catalana.
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