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escándalo de pederastia

La Generalitat pide 35 años para el pederasta Benítez y omite el papel de los Maristas

Su petición de cárcel contra el único imputado por el escándalo es superior a la de Fiscalía

La Generalitat no hace ninguna mención en su escrito de acusación al papel de la organización religiosa

Guillem Sànchez / J. G. Albalat

El pederasta confeso Joaquim Benítez, en febrero del 2017.

El pederasta confeso Joaquim Benítez, en febrero del 2017. / JOSEP GARCIA (JOSEP GARCIA)

La investigación judicial del 'caso Maristas' ha quedado reducida únicamente a uno de los doce de profesores que abusaron sexualmente de alumnos escolarizados en estos colegios: el profesor de Educación Física Joaquim Benítez, con el que arrancó este escándalo de pederastia. Que la organización religiosa en cuyo seno se produjeron las agresiones sexuales no tendrá que rendir cuentas en el juicio queda de nuevo claro en el escrito de calificación presentado por la Generalitat como acusación popular, en el que se muestra implacable con Benítez y no hace ninguna mención a los Maristas.

La investigación de EL PERIÓDICO destapó delitos cometidos con total impunidad por docentes maristas durante décadas, concretamente entre 1970 y el 2010. Una docena de profesores distintos fueron, además, denunciados formalmente por una cuarentena de víctimas. Sin embargo, la justicia española no trató el caso como una causa única y las denuncias, por turno de reparto, fueron cayendo en juzgados de instrucción distintos que no llegaron a investigar nada -salvo en el caso de Benítez- dado que hacían alusión a delitos ya prescritos. Recibieron las demandas y las archivaron. Por este motivo, de los doce sospechosos de pederastia -este diario incluso arrancó confesiones a tres de ellos- tan solo Benítez será juzgado por los delitos que cometió. Aunque ni siquiera este agresor sexual pagará por las 18 denuncias que recayeron sobre él sino únicamente por cuatro, las más recientes, todavía no prescritas.

El gobierno de la Generalitat meditó durante demasiado tiempo si debía personarse o no como acusación popular contra Benítez, el único profesor que estaba siendo investigado. El equipo de Govern estaba dividido a comienzos de febrero del 2016, cuando estalló el caso, entre la posición de Esquerra, partidaria de ejercer la acusación, y el de la todavía Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), contraria a acusar a Benítez. Cuando finalmente resolvió ejercerla, a finales de noviembre del 2016, diez meses más tarde, la instrucción que investigaba a Benítez ya estaba cerrada. Es decir, no pudo mediar para que se investigara, por ejemplo, el posible delito de encubrimiento por parte de la orden religiosa de los Maristas, una sospecha que incontables alumnos contactados por este medio confirmaron. Su absentismo en la causa, entre otras cosas, ha facilitado que los colegios maristas, centros concertados y, por lo tanto, subvencionados con el erario público de la Generalitat, no hayan tenido que dar ninguna explicación a la justicia. Todo se ha centrado en Benítez. Contra este, el gabinete jurídico de la Generalitat, según su calificación como acusación popular que acaba de depositar en el juzgado número 21 de la Audiencia de Barcelona, sí es contundente. Más que la Fiscalía. 

Más dura que la fiscalía  

La calificación del gabinete jurídico de la Generalitat solicita 35 años de cárcel a Joaquim Benítez por los abusos sexuales infligidos a las cuatro víctimas cuyas denuncias eran todavía vigentes. La Fiscalía, en total, pide 22 años de prisión, 13 menos que la Generalitat.

Los abusos más graves, para esta acusación popular, son los que Benítez cometió contra el hijo de Manuel Barbero -el primer denunciante-. La calificación detalla que cuando este joven tenía 14 años, durante el curso escolar 2008-2009, Benítez le agredió sexualmente en un "número indeterminado de ocasiones". Encerrándole en su despacho, situado dentro del centro educativo, con la excusa de tratarle una lesión de espalda. Como consecuencia de estos hechos, el hijo de Barbero, "que ya se encontraba en una especial situación de vulnerabilidad por bullying", sufrió "un grave impacto emocional" que lesionó su autoestima y que influyó negativamente "en su desarrollo madurativo". A pesar del tiempo transcurrido, sigue sufriendo "angustia e insomnio", añade.

En el curso escolar 2007-2008, la Generalitat acusa también a Benítez de embaucar a otro alumno con la misma excusa de siempre: ofrecerle un masaje para tratar la lesión de una pierna. En ese encuentro, el pederasta acabó practicándole una felación y entregándole al finalizarla un billete de 10 euros. El menor "no opuso resistencia debido a la diferencia de corpulencia entre los dos y el miedo a ser agredido si lo hacía". La acusación popular exige asimismo 12 años de cárcel por cuatro episodios de tocamientos distintos que ha denunciado un tercer chico y 3 más para la cuarta víctima. 35 años en total.

En este escrito de acusación popular no se hace ninguna alusión a la responsabilidad del centro, el lugar en el que Benítez abusó de los alumnos, impunemente, durante 30 años. El propio Benítez, en una entrevista con este diario, llegó a afirmar que la dirección de Sants-Les Corts conocía "su debilidad". El escrito de calificación es un texto en el que cada parte aclara qué pena solicita para el reo, Benítez en este caso, y resulta lógico que el de la Generalitat se limite a calificar estricamente los hechos por los que deberá responder el acusado: los abusos a los cuatro alumnos. Para solicitar que se hubiera investigado la posible responsabilidad de los Maristas en este caso habría sido necesario solicitarlo durante el proceso de instrucción. Tampoco la Fiscalía, la acusación popular del Ayuntamiento de Barcelona o las acusaciones particulares -con excepción de la letrada que defiende los intereses de Manuel Barbero, que se ha incorporado a la causa recientemente- solicitaron nada en este sentido. 

Chile sí juzgará a los Maristas 

En definitiva, la justicia española, a diferencia de la chilena, un país en el que se ha reproducido el mismo escándalo de pederastia en centros que los Hermanos Maristas construyeron en América del Sur, no ha querido excavar. La fiscalía chilena ha aglutinado todas las denuncias que siguen llegando de distintos alumnos que fueron acorralados por sus maestros, con independencia de si aluden o no a delitos prescritos. Según aclaró el organismo chileno a este diario, el objetivo es acusar a toda la institución marista de un delito de encubrimiento. Porque los responsables de aquellos colegios sabían que había profesores dentro de su claustro que abusaban sexualmente de los menores y, en lugar de denunciarlo, lo ocultaban. En los colegios de Barcelona y Badalona ocurrió exactamente lo mismo. Pero en España, ni los poderes políticos ni el sistema judicial parece tener interés en hablar de ello. 

Barbero reclama 13 años de cárcel para el profesor de Educación Física por los abusos contra su hijo

Las dos acusaciones particulares ya han presentado su escrito contra Joaquim Benítez. En cinco días deberá hacerlo también el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce como la Generalitat la acusación popular. Después, el turno será para la defensa del exprofesor de Educación Física y de la Fundación Champagnat, que gestiona el colegio de los Maristas de Sans-Les Corts, donde se cometieron los abusos sexuales.

Ester García López, la abogada del hijo de Barbero, la principal víctima, sostiene en su escrito de acusación que en el curso 2008-2009 Benítez se aprovechó de su condición de profesor y de manifestar que era masajista para encerrar al alumno en su despacho, ubicado dentro del recinto de la escuela. En el interior de esta habitación abusó del menor, que tan solo contaba con 14 años, en repetidas ocasiones. 

Benítez, mantiene la acusación particular de la letrada García, "aprovechando su situación de superioridad" y el "temor y bloqueo" del menor, fue agravando el nivel de abusos sexuales que infligió a la víctima. El caso del hijo de Manuel Barbero fue más lejos que el de los otros tres denunciantes, defendidos por otro abogado. Esta actuación produjo un “grave impacto emocional” a la víctima, generando una “afectación de autoestima y desarrollo”. Esta acusación exige para Benítez 13 años de prisión, inhabilitación y prohibición de comunicarse con el afectado. Además, solicita a la aseguradora del colegio como responsable civil directa y a los Maristas como "indirecta" una suma total de 60.000 euros de indemnización.

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