Dar visibilidad a las víctimas: un empujón para derribar la pirámide del odio

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Sagrario Ortega

Las fuerzas de seguridad cuentan con un protocolo para los delitos de odio y con interlocutores que, en contacto con colectivos vulnerables, intentan dar mayor visibilidad a las víctimas, en otro empujón más para derribar la pirámide del odio, que empieza con los prejuicios y puede acabar en muerte.

Es muy reciente -de diciembre de 2014- ese protocolo de actuación diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad para la Guardia Civil y la Policía Nacional, como también lo es la estadística de los incidentes relacionados con delitos de odio, que el Ministerio del Interior tiene cerrada a diciembre de 2016 con 1.272 hechos conocidos, un 4,2 por ciento menos que en 2015.

A falta de que se den a conocer los datos de 2017, todo parece indicar que, según han señalado a Efe diversas fuentes, podrían revelar un repunte al menos en octubre, consecuencia de los acontecimientos que sucedieron al referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.

Dos posturas enfrentadas que han dado lugar a denuncias por una parte y otra.

Pero más allá de este asunto puntual o de los debates sobre si algunas condenas chocan contra la libertad de expresión consagrada en la Carta Magna, los agentes se enfrentan en la calle, en el día a día, a conductas contra colectivos vulnerables que están ya tipificadas en el Código Penal y que pueden condenarse con entre uno y cuatro años de cárcel.

Conductas que pueden acabar -como en 1913 alertó la Liga Antidifamación en lo que denominó "pirámide del odio"- en agresiones graves que terminan en muerte, subraya a Efe el alférez de la Guardia Civil Daniel Moreno, responsable del Equipo Mujer y Menor (EMUME) central y de temas relacionados con delitos de odio de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de ese cuerpo.

Porque la subida a esa pirámide comienza poniendo el pie en el escalón de los prejuicios y estereotipos para avanzar hacia conductas de odio que derivan en agresiones psicológicas, después en físicas y sexuales y, por último, en muerte.

¿Hay odio en España? "No es algo para alarmarse", responde a Efe el alférez, pero "no hay que quitar importancia a esos hechos". Y no solo por su gravedad, añade, sino "por lo que implican, ya que una sociedad donde se generan rechazos mutuos no ayuda la convivencia".

A las fuerzas de seguridad les preocupa especialmente la reacción de los grupos a los que va dirigido ese odio: homosexuales, mujeres por el simple hecho de ser mujeres, mendigos o personas sin techo musulmanes e, incluso, católicos, gitanos, discapacitados...

Y es ahí, en las víctimas, donde las fuerzas de seguridad están poniendo el foco una vez que la legislación haya resuelto penalizar esas conductas e, incluso, agravarlas dependiendo de contra quien vaya dirigidas.

Por ejemplo, ya se incluyó la agravante de discapacidad y el Parlamento, a través de la Comisión de Justicia, ha pedido que también se considere agravante la aporofobia (rechazo a los pobres).

Antes de que esa conducta llegue al juzgado, hay un trabajo policial que, por su parte, viene precedido de una formación especial de los agentes para que sepan detectar si detrás de una agresión o de una amenaza se esconde un delito de odio.

Moreno explica a Efe que la Guardia Civil ya ha incluido esta "especialidad" en la formación de sus miembros. Pero además, como también ha hecho la Policía Nacional, ha creado la figura del "interlocutor para delitos de odio", esencial para el acercamiento a los colectivos más proclives a ser víctimas de esas infracciones.

Además de los especialistas de la UTPJ a nivel central, como Moreno y otros agentes, la Guardia Civil cuenta con 54 coordinadores de odio en las distintas comandancias, que mantienen una relación continua con las oenegés, los ayuntamientos y las entidades sociales.

De este modo, el acercamiento a esos colectivos es constante, toda vez que las estadísticas dejan claro que en los delitos de odio más frecuentes está detrás la orientación sexual de la víctima, su etnia o su ideología.

Cada vez hay menos miedo a denunciar, dice Moreno, pero sigue habiendo reticencias por "la falsa impresión que tienen las víctimas de que no se les va a ayudar por pertenecer a un colectivo minoritario y considerar que todos están contra ellos. Y en ese 'todos' nos incluyen".

Lejos de eso, la Guardia Civil ya ha empezado con esa labor de acercamiento y, entre otras organizaciones, mantiene contactos periódicos con el Secretariado Gitano, colectivos de homosexuales o la Fundación Hatento, que atiende a los "sin techo" y que en sus datos asegura que un 47 por ciento de los vagabundos ha sido agredido alguna vez.

"Que sepan que estamos para protegerles", continúa el alférez de la UPTJ, quien destaca que esa colaboración es bidireccional y que la Guardia Civil pretende con ese acercamiento conocer mejor la realidad de esos colectivos.

Muchas veces estas víctimas "no son ni conscientes de que lo son, porque lo ven como parte de su día a día", como les pasa a algunos mendigos cuando reciben una patada. "Han entrado en tal desgaste... que no lo ven", lamenta Moreno.