El Gobierno apuesta ahora por las desalinizadoras que rechazó durante años

Tras denostar durante años la política de desalinizadoras emprendida por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy apuesta ahora por esta tecnología para hacer frente a la escasez del agua. Así figura en el borrador confidencial del pacto nacional del agua que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente entregó en febrero al PSOE, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El documento también propone “estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica” de nuevos trasvases entre cuencas “siempre que cuenten con el consenso suficiente” y “garantizando la preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso”, como ya había adelantado la titular del departamento, Isabel García Tejerina,  en una reciente entrevista a este diario.

El ministerio lleva meses de reuniones con comunidades autónomas, agentes sociales y demás implicados en la gestión del agua para dar a luz un pacto nacional que se ha marcado como principal objetivo. Para ello, necesita al otro partido con poder autonómico, el PSOE, que ha respondido al borrador de Agricultura enviando su propia propuesta. Tejerina aseguró que serían necesarias “mayorías en el Congreso”. No habrá trasvases, por tanto, si no es con el beneplácito del PSOE.

Alternativa a los trasvases

La apuesta por las desalinizadoras no consiste solo en mejorar las existentes sino también en construir otras nuevas. La desalinización fue el método alternativo que el PSOE impulsó tras la derogación del trasvase del Ebro que había impulsado años antes el Ejecutivo del PP. Desde el Partido Socialista ven con buenos ojos que el PP apueste claramente por las desalinizadoras. “Hasta ahora se venía insistiendo en que la desalación era un recursos de emergencia para momento de sequía, a diferencia lo que mantenía el PSOE, y no se las incorporaba como elemento estructural de la política del agua”, indica el responsable socialista de políticas del agua, Hugo Morán. “Ninguna fuente de agua puede ser considerada subsidiaria de otra. Reconocer eso es un buen punto de partida para alcanzar un mínimo consenso”.

En el documento negociador, el Gobierno es partidario de identificar también espacios emblemáticos en cada territorio y reforzar la protección y necesidades de agua de los mismos, como Doñana en Andalucía o el Delta del Ebro en Aragón y Catalunya. También defiende la modernización de los regadíos como “elemento clave” en la mejora de la gestión.

Tributo ambiental

Otro de los puntos más relevantes de la oferta del PP es mejorar la gestión del sistema del agua. Para ello, el Gobierno propone crear un nuevo “tributo ambiental” que incluya para todos los usuarios los costes ambientales que tiene el agua, un impuesto que ya está recogido en la Directiva Marco del Agua que impone a UE.

Para los regantes, el Gobierno quiere que sean obligatorias las tarifas binómicas en todas las comunidades regantes; esto es, las que incluyen unos costes fijos en función de la capacidad contratada además del consumo. Habrá también bonificaciones a los que menos consuman.

En cuanto a los hogares, el Gobierno quiere impulsar la instalación de contadores “inteligentes” para que se pueda controlar mejor el agua empleada y poner fin a los pozos ilegales implantando también un registro de aguas en todo el país.

Punto de partida

Para el PSOE el documento no es más que “un punto de partida” sobre el que ni siquiera se ha negociado. En declaraciones a este diario, Morán reprocha al Gobierno que “antes de hablar de infraestructuras concretas” hay que centrar los esfuerzos en elaborar un “catálogo” de las mismas, para ver cuáles están superadas, cuáles son innecesarias e incluso “saber si puede haber otra necesaria a futuro”. “Olvídense del tema de los trasvases. Cuando tengamos claro el catálogo, hablamos de infraestructuras”, indica.

Muy prudentes ante lo que no es más que el inicio de una negociación que “va a llevar un tiempo”, los socialistas evitan centrar el debate en los siempre polémicos trasvases. “No vamos a prejuzgar ni opinar sobre los ya existentes”, señala Morán.

Sobre éstos, entre los que se incluye del Tajo-Segura, el documento del Ministerio apuesta por ordenarlos, crear comisiones de gestión y regular su funcionamiento. Pero no está entre sus planes poner fin a ninguno. El pasado 7 de marzo, miles de regantes se manifestaban en Madrid para pedir “más agua” para las provincias del Levante. A la manifestación acudían representantes de PSOE y Ciudadanos y hasta el presidente de Murcia, el popular Fernando López Miras. En la base de sus protestas, los reclamos sobre dónde ha quedado ese “agua para todos” que prometió el PP en el pasado con un nuevo y faraónico trasvase, el del Ebro, mientras que ahora incluso el del Tajo-Segura permanece interrumpido.