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SENTENCIA NOVEDOSA

Condenada la Generalitat por no controlar la pulsera GPS de un agresor sexual

Un condenado por abusos llevaba uno de estos dispositivos con la batería gastada cuando atacó a un niño

La Audiencia de Barcelona considera que la administración penitenciaria no actuó con "la diligencia debida"

J. G. Albalat

Jaime Riera Galán, acusado de agredir sexualmente a un menor, el pasado 7 de febrero en la Audiencia de Barcelona.

Jaime Riera Galán, acusado de agredir sexualmente a un menor, el pasado 7 de febrero en la Audiencia de Barcelona. / DANNY CAMINAL

La Audiencia de Barcelona ha condenado a la Generalitat como responsable civil subsidiario por los fallos y la falta de supervisión de las pulseras GPS que se utilizan para controlar a los condenados a los que tras la pena de cárcel se les aplica la medida de libertad vigilada. El tribunal de la Sección Décima destaca que la Conselleria de Justícia no actuó "con la diligencia debida" en la seguridad y eficacia del dispositivo instalado a un pederasta reincidente que volvió a agredir sexualmente a un niño de 10 años cuando el aparato se había quedado sin batería.    

Fuentes del Gobierno catalán han asegurado a este diario que recurrirán la sentencia que impone ocho años de prisión a Jaime Riera Galán por la agresión sexual cometida en el barrio barcelonés de Sarriá, sin que se le aplique ningún atenuante por su disminución intelectual. El tribunal ha declarado responsable civil subsidiario a la Generalitat, aunque la indemnización de 5.350 euros que le corresponde a la víctima la desembolsará, al final, la compañía de seguros con quien tiene contratada la poliza. Los jueces también prohíben al imputado acercarse al menor o a cualquier lugar en que este pueda encontrarse durante ocho años después de la cárcel. Durante el mismo tiempo le aplican asimismo la libertad vigilada.

La sentencia subraya que a la administración penitenciaria catalana le constaba "la peligrosidad" de Riera, que durante su vida ha ingresado en prisión en 13 ocasiones por nueve penas relacionadas con delitos sexuales y ha renunciado a seguir un tratamiento terapéutico en la cárcel. Sin ir más lejos, en junio del 2014 se le impuso a Riera una pena de prisión y la libertad vigilada de 10 años, medida que cumplía cuando cometió la siguiente agresión. El tribunal que entonces le juzgó ordenó que se le instalara una pulsera GPS cuando saliera de la cárcel. Y así se hizo, encomendando el control de dicha medida al Servei de Medi Obert de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat.

Testigo clave

El tribunal recoge en su resolución que una funcionaria de la Generalitat que se dedica a la colocación de estos dispositivos reconoció en el juicio que se informó al propio acusado de que era él quien debía tener la batería siempre cargada. La misma testigo admitió que ignoraba quién llevaba el control del seguimiento de su localización. Ella se limitaba a remitir cada semana a la administración penitenciaria los datos que constaban en el ordenador, sin valorarlos.

En base a estos argumentos, los magistrados sostienen que el Servei de Mesures Alternatives y el Servei de Medi Obert, ambos pertenecientes a la Conselleria de Justícia, no actuaron con diligencia a la hora de poner en marcha de "forma efectiva y eficaz" las medidas de control acordadas para el seguimiento y localización de Riera durante los días que tenía la pulsera GPS.

Según el tribunal, "carece de racionalidad" que se encomiende al propio penado la función de tener la batería siempre cargada, pero "carece todavía de menos lógica y racionalidad" no prever que si este lo incumple, el organismo encargado de supervisar esta medida no adopte ese mismo día los mecanismos necesarios para poder establecer la conexión. En el caso de Riera, consta un periodo de más de 15 días antes de los hechos en los que el aparato carecía de ninguna cobertura, porque no emitía señales de localización. La resolución insiste en que ninguna persona encargada de visualizar el ordenador donde estaba conectado el aparato tomara cartas en el asunto para "resolver la ausencia de control".

Por lo tanto, al entender de los magistrados, se produjo un "quebrantamiento de los deberes legales y reglamentarios" asignados a la administración penitenciaria catalana, que, inciden, tienen la competencia para el control del cumplimiento de la libertad vigilada impuesta a Riera.

Ataque en una escalera

La sentencia considera probado que el día 7 de febrero del 2016, sobre las 11.30 horas, este hombre, de 48 años, abordó al menor A. C. y entabló una conversación con él. Riera le siguió hasta el domicilio de su padre. Al entrar el niño en el inmueble y antes de que pudiera cerrar la puerta, el acusado se coló en la finca con la excusa de que iba a visitar a un amigo, subiendo las escaleras detrás de él.

Al cabo de unos segundos, el imputado sujetó al menor por los brazos, le subió la camiseta, le arañó la barriga y le metió una mano por el interior de su ropa interior hasta tocarle el pene. Con la otra mano le tapó la boca y le conminó a que no le dijera nada a nadie. El niño pudo escaparse y refugiarse en su su casa. La víctima sufrió varias lesiones en su cuerpo por la fuerza de su atacante. De ahí que el tribunal le conceda por este concepto una indemnización de 350 euros y otros 5.000 euros por los daño moral.

Contol telemático para 55 presos en Catalunya

En diciembre del año pasado, el número de presos que tenían instalado un control telemático en Catalunya ascendía a 55, mientras que en enero habían 79 internos tenían este mecanismo. La mayoría están en régimen de semilibertad y usan un aparato de radiofrecuencia. Para el control de la medida de libertad vigilada se han colocado muy pocos dispositivos. En estos casos, las pulseras se complementan con una petaca con un GPS para que saber en todo momento dónde se encuentra la persona y controlar sus movimientos. Este dispositivo, según los técnicos que trabajan con él,  tiene limitaciones y no siempre es operativo. “Puede decirte dónde está el reo, pero no si se acerca, por ejemplo, a un centro escolar en el supuesto de un abusador de menores”, alegan.

Los presos que disfrutan del régimen de semilibertad suelen colocarse estos dispositivos en la pierna, para que la pulsera quede disimulada con los pantalones. De esta manera, estos reos pueden disfrutar plenamente de su vida laboral y sentimental. Esta especie de reloj negro, sin cristal y sin manecillas, les permite estar en su casa las ocho horas que debe permanecer en un centro penitenciario. No tienen, por tanto, la obligación de ir a dormir. Y solo necesita una especie de consola conectada a la línea telefónica y a la electricidad. Algunos modelos se pueden hasta introducir en el agua y sumergirse a cinco metros de profundidad.

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