El derribo de la 'ley Wert'

El ambicioso proyecto de reforma educativa del PP, la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), nació ya en el 2014 con pies de barro. Incluso antes de ver la luz, la también conocida como 'ley Wert' fue cuestionada por organismos afines al Gobierno como el Consejo Escolar del Estado, que vio en ella "deficiencias técnicas". Los maestros, los estudiantes y la calle la rechazaron de pleno. Ahora, cuatro años y dos meses de su aprobación en el Congreso, con el único apoyo del partido de Mariano Rajoy, aquella normativa que hipotéticamente debía poner fin al fracaso escolar en España, homogeneizar los contenidos que estudian los alumnos y, de paso, "españolizar a los estudiantes catalanes", como dijo su promotor, el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert, es apenas un espejismo lejano de lo que sus ideólogos diseñaron.

De las cuatro medidas más polémicas previstas en aquella LOMCE inicial, tres de ellas han caído por el camino y no han llegado prácticamente ni a aplicarse. Las más controvertidas, las reválidas que debían superar los estudiantes al final de primaria, de la ESO y de bachillerato para obtener el título, son hoy poco más que unas pruebas de competencias básicas, a las que no están siquiera obligados a presentarse todos los alumnos y que no condicionan en absoluto su futuro académico. 

"Nuestro interés es españolizar a los niños catalanes, que se sientan tan orgullosos de ser catalanes como españoles"

10 de octubre del 2012

Con la modificación de las reválidas, que habían desaparecido del sistema educativo español a principios de los años 1970, también se puso coto a la posibilidad prevista en la LOMCE originaria de que las escuelas elaboraran ránkings o clasificaciones a partir de los resultados obtenidos. 

La separación de estudiantes a los 16 años (en cuarto de la ESO), otra propuesta del texto primigenio muy discutida sobre todo por los pedagogos, ha quedado en agua de borrajas, ya que la gran mayoría de comunidades autónomas han buscado fórmulas alternativas para no tener que segregar a los chavales según su rendimiento académico, como pretendía la ley. En Catalunya, por ejemplo, la Generalitat puso en marcha un mecanismo que permite mantener los grupos de clase sin que los alumnos se tengan que dividir en función de si luego van a ir a hacer formación profesional (FP) o si estudiarán bachillerato.

"La comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático"

11 de julio del 2010

Varapalo del Constitucional

La tercera medida, la conversión del castellano en lengua vehicular en aquellas autonomías en las que no lo era (es decir, en Catalunya), quedó desactivada la semana pasada, cuando se conoció que el Tribunal Constitucional ha tumbado el cheque de 6.000 euros con el que Wert pretendía pagar la matrícula a los alumnos que quisieran escolarizarse en ese idioma en Catalunya. El actual titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado que acatará la sentencia, lo que deja en el limbo a medio centenar de familias, a las que se les había reconocido la subvención.

La única superviviente en este 'proceso de descafeinización' de la LOMCE es, de momento, la asignatura de Religión, que Wert elevó a materia "de oferta obligatoria y evaluable". Esto significa que todos los colegios españoles están obligados por ley a poner a disposición de las familias la asignatura y, por tanto, a contratar un profesor, previamente seleccionado por la Conferencia Episcopal. Que la Religión sea evaluable, cosa que no ocurría con la anterior ley educativa (la LOE), supone que su nota cuenta para la media académica de los alumnos e influye, por ejemplo, a la hora de optar y obtener una beca.

Corte ideológico muy sesgado

"Es una ley que nació sin consenso, mal y con un corte ideológico muy sesgado", reflexiona el catedrático de Pedagogía de la Universitat de Barcelona (UB), Francesc Imbernón, miembro del Foro de Sevilla, un organismo formado por académicos de toda España contrarios a la 'ley Wert'. "En las condiciones actuales, es muy difícil ya que la LOMCE se implante en su totalidad, sino que lleva el camino que antes o después se derogará", prosigue Imbernón. "Y esperamos que se puedan recuperar tantos desaguisados educativos de esa ley y en su lugar se promulgue una normativa no segregadora, de mayor equidad y democracia", concluye el profesor de Didáctica y Organización Educativa de la UB, que sigue con atención las conversaciones que desde hace unos meses se están manteniendo en el Congreso para redactar un Pacto de Estado de Educación.

"La educación pública ha dejado de contribuir a la sociedad. Hay que centrarse en la calidad"

31 de enero del 2012

En el freno a aquellas evaluaciones externas de Wert fue decisivo, recuerda Imbernón, el cambio de gobierno que hubo en un puñado de comunidades autónomas en las elecciones del 2015. El PP perdió entonces la hegemonía en la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Aragón, Navarra y Castilla-La Mancha, entre otros, y los consejeros de Educación que surgieron de aquellos comicios en esos territorios se unieron al frente de autonomías anti-LOMCE hasta entonces formado por Catalunya, País Vasco, Andalucía, Canarias y Asturias. 

Embajador ante la OCDE

Para entonces, José Ignacio Wert había sido sido nombrado por Rajoy embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el organismo que elabora, entre otras cosas, las pruebas de evaluación del Informe PISA, en las que España lleva años ocupando posiciones bien discretas. El padre de la LOMCE, que ocupa su actual plaza desde julio del 2015, disfruta de un piso en el número 41 de la lujosa avenida Foch de París de 500 metros cuadrados (por el que el Gobierno español paga un alquiler de 11.000 euros al mes), tiene dos personas de servicio también pagadas por el Estado y coche oficial con chófer, además de un sueldo de 10.000 euros al mes más gastos de representación.

Irene Rigau, que mantuvo horas de negociación con el ministro Wert durante los años de alumbramiento y arranque de la LOMCE, en calidad de 'consellera' de Ensenyament de la Generalitat, está convencida de que el principal objetivo de aquella normativa era "minar las competencias autonómicas y recentralizar el Estado". "Pretendían demostrar que el Gobierno catalán no quería arreglar problemas como el lingüístico y ahora han visto que en realidad esos problemas ni siquiera existían", señala Rigau, en conversación con este diario. "Hubo intereses políticos muy fuertes -asegura convencida la 'exconsellera'- encaminados a desestabilizar el sistema, que afortunadamente no parece que vayan ya a salir adelante"