Nadal señala "problemas graves de diseño" en el almacén Castor

El Gobierno empieza a admitir públicamente que el diseño técnico del proyecto Castor estaba plagado de graves errores que acabaron desembocando en la oleada sísmica de más de un millar de terremotos y en el cierre de la plataforma ante las costas de Castellón.

"Un proyecto demasiado grande, demasiado caro y que, encima, tenía un error de diseño tan grave que provocó todos los problemas que provocó", ha asegurado al pleno del Congreso de los Diputados este miércoles por la mañana el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Hasta estos momentos, la versión oficial se aferraba a la interpretación del estudio encargado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard según la cual la inyección de gas era la causante de los seísmos a partir de septiembre de 2013 pero, al mismo tiempo, no se podía responsabilizar la empresa promotora, Escal UGS, porque con la tecnología y los conocimientos de aquel momento no podían prever las consecuencias. A pesar de que el ministro no ha dado detalles sobre este "error de diseño", su mención por primera vez cambia esta justificación.

Nadal respondía así a una pregunta planteada por el diputado de ERC por Tarragona Jordi Salvador sobre el calendario y los estudios previstos para proceder al desmantelamiento de las instalaciones del proyecto Castor. 

El ministro, por otro lado, ha vuelto a dar largas a la demanda de desmantelamiento inmediato de las instalaciones del Castor, después de la proposición no de ley aprobada hace una semana por amplia mayoría a la Comisión de Energía del Congreso con la abstención del PP que instaba el gobierno español a actuar en este sentido y lo ha remitido a cuando los técnicos determinen que no hay riesgos. "Vamos a ser prudentes una vez más. Los técnicos nos han dicho que hay que esperar a que el gas se asiente. Y hay que hacer una serie de estudios técnicos", ha explicado.

Indemnización paralizada

El proyecto Castor, paralizado tras los terremotos, debía recibir una indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa controlada por Florentino Pérez. El decreto, que fue anulado en parte por el Tribunal Constitucional (TC), preveía que el Gobierno se reservaba el derecho, a lo largo de los diez años siguientes, a reclamar responsabilidades a la concesionaria por los "eventuales vicios o defectos" que pudieran presentar las instalaciones.

Así queda recogido al artículo 2.2 del mencionado decreto, que no ha resultado afectado por la declaración de inconstitucionalidad del alto tribunal. La exigencia de responsabilidades a la exconcesionaria viene ya de lejos y, de momento, no ha encontrado eco gubernamental: ha sido uno de los argumentos centrales de la lucha abierta por la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Ebre, del Síndic de Greuges y aparecía también en el recurso presentado por la Generalitat, el Parlament y el PSOE ante el TC.

Los informes oficiales previos del Instituto Geológico y Minero (IGME) ya revelaban que los promotores, posiblemente a partir de una concepción errónea del almacén, no habrían dejado margen de seguridad y habrían incumplido el código de buenas prácticas a la hora de inyectar gas al almacén.

Modelos geológicos distintos

El informe del MIT y Harvard apuntaba también que los parámetros sobre los cuales se basó el diseño geológico del proyecto no coincidían con sus modelos, especialmente en cuanto a la porosidad y la capacidad de almacenamiento del yacimiento, que Escal UGS estimaba entre los 16 y el 25%, mientras que el informe estadounidense lo limita a un máximo del 5,5%.

Aunque el episodio sísmico es todavía objeto de una investigación al juzgado de Vinaròs, las implicaciones técnicas y geológicas en el origen del fiasco parecen lejos de centrar aún la atención judicial del caso.

Un informe del Síndic de Greuges, que cuenta con el aval de colegios profesionales catalanes como el de geólogos, reclama a las autoridades –tanto judiciales, administrativas como europeas- que se efectúe una auditoría técnica completa del proyecto para determinar si las bases sobre las cuales la empresa de Florentino Pérez ejecutó el Castor tenían fundamento científico o se basaban, esencialmente, en especulaciones infundadas.