Familias, profes y alumnos exigen el fin de las evaluaciones externas

Porque no responden a criterios pedagógicos, porque se inmiscuyen en la labor que día a día desarrollan los maestros, porque legalmente no son obligatorias y porque, lejos de ayudar a mejorar, están incentivando la segregación de los alumnos. La federación de asociaciones de padres de alumnos de Catalunya (Fapac), la Assemblea Groga de Gràcia y la Xarxa d'Escoles Insubmises (XEI), con el apoyo del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), han vuelto a hacer un llamamiento, por cuarto año consecutivo, a que las familias de alumnos boicoteen las pruebas de evaluación externa que realiza la Generalitat. Las de final de la ESO se hicieron ya la semana pasada, pero las de tercero y sexto de primaria se van a llevar a cabo en los próximos meses.

"La Administración todavía no nos ha demostrado cuál es la utilidad real de estos exámenes, que llevan haciéndose desde hace años y que todavía no han supuesto medidas de apoyo a los centros educativos que más lo necesitan", ha lamentado este miércoles Cecília Bayo, portavoz de la Assemblea Groga de Gràcia. "Es que no hacen falta más evaluaciones, porque los profesores y las escuelas evaluamos continuamente a los alumnos... Lo que sí haría falta es ver si las políticas educativas de las administraciones son válidas", ha reclamado Àngel Garcia, portavoz de la sectorial de Educación en CCOO en Catalunya.  

Las pruebas de tercero de primaria, que solo tienen carácter diagnóstico (sirven para detectar cómo evolucionan los alumnos a mitad de la etapa), están previstas para entre el 5 y el 18 de marzo en Catalunya. Las de sexto, que sí son una evaluación final de la primaria, se realizarán entre los próximos 8 y 10 de mayo.

Estos exámenes -que la Conselleria d'Ensenyament ya empezó a aplicar en el año 2000 en el caso de las de tercero, en el 2007, en el de las de sexto, y en el 2011, en las de la ESO- han sido muy cuestionadas desde su implantación, sobre todo por los defensores de las nuevas metodologías pedagógicas. "No fomentan el espíritu crítico, sino que estimulan la memorización y el trabajo sistemático", ha criticado Joana, portavoz de la Associació d'Estudiants Progressistes.

1.400 familias el año pasado

"Legalmente" no existe la obligación de realizarlas, ha advertido Belén Tascón, presidenta de la Fapac, que ha recordado que la moratoria de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE) establece que son evaluaciones muestrales (por tanto no todos los alumnos han de someterse a ellas). El curso pasado en torno a 1.400 familias, de los aproximadamente 160.00 alumnos que estaban llamados a hacer las pruebas, suscribieron el boicot.

Tampoco están recogidas como obligatorias en la ley de educación de Catalunya (LEC). Con todo, los promotores del boicot son conscientes de la inquietud que la insumisión suscita entre los docentes, la gran mayoría de ellos funcionarios públicos, y, por lo tanto, obligados a aplicar las pruebas a sus alumnos. Si no lo hacen, se exponen a ser incluso inhabilitados para ejercer su profesión.

En lugar de unas "pruebas externas estandarizadas", las familias reclaman que se elabore un "proyecto global de evaluación educativa realizado desde un enfoque pedagógico e inclusivo", ha indicado Bayo. Las familias abogan por promover "estudios internos, contextualizados y adaptados a la realidad socioeconómica de cada centro, de cada docente y de cada alumno". De este modo, "se huiría de las actuales clasificaciones y etiquetas, que solo sirven para segregar y crear bolsas de escuelas", ha agregado.