La expareja de Juana Rivas le pide 1.912 euros por daños económicos

Francesco Arcuri ha reclamado este miércoles en los tribunales a su expareja, Juana Rivas, el abono de 1.912 euros por los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno a Italia de los dos hijos que tienen en común, a raíz de que ella permaneciera casi un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre. Unos gastos en concepto de hospedaje y transporte que la Fiscalía también ve acreditados.

Este asunto ha sido objeto de una vista en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, a la que Juana Rivas ha llegado "con fuerza" y confiando "en que todo va a salir bien", según ha señalado en declaraciones a los periodistas en las que ha reconocido que todo este procedimiento "está siendo lento, doloroso y muy duro".

Unas horas después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada haya decretado la apertura de juicio oral contra ella por la supuesta sustracción de sus dos hijos, por lo que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel, Juana Rivas ha sostenido que es "imposible" saber si, a día de hoy, volvería a actuar igual.

Ha incidido en que ella "era una víctima que escapó" del domicilio familiar de Carloforte (Italia) con sus niños, de 11 y 3 años, porque era la única alternativa que veía frente a la supuesta situación de violencia de género que siempre ha alegado que padeció. Ahora afirma que está "sacando fuerzas para resistir" y que en la causa que se sigue contra ella por la vía penal "faltan secuencias de la realidad" y están "pasando muchas cosas que como madre" no puede entender.

"La justicia va muy lenta, pero sé que esto va a salir bien, que no tiene otro camino (...) confío en que van a cambiar las cosas", ha relatado a su salida del edificio judicial de La Caleta, donde ha reconocido que lo que más le preocupa en estos momentos es la petición de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad sobre los niños que han solicitado la Fiscalía y su expareja . "Yo soy madre, cada día que pasa me duele", ha agregado.

Ya estaba condenada a pagar

La vista que se ha celebrado este miércoles se ha limitado a fijar los conceptos por los que Juana Rivas deberá indemnizar a su expareja en concepto de daños a raíz de la sustracción de los dos hijos que tienen en común.

La medida viene de la sentencia que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada emitió en su día obligando a Juana Rivas a la restitución de los menores. En esta resolución también fue condenada al "abono de las costas del procedimiento, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno de los menores al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción".

A este respecto, la Fiscalía ha considerado que están debidamente acreditados los gastos de hospedaje de Arcuri y los gastos de transporte, a través de los billetes de avión y tren que adquirió para desplazarse a España y posteriormente volver con sus dos hijos a Italia, lo que ha cifrado en 1.912,5 euros.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, se ha adherido al informe de la Fiscalía y ha aportado una tabla con los gastos ordenados de manera cronológica, tras lo que ha anunciado que se reserva emprender otras acciones procesales por otros gastos.

Los abogados de Juana Rivas se muestran en desacuerdo con el abono de estos gastos en tanto que no están conformes con el procedimiento que se sigue contra su cliente, aunque reconocen que existe una sentencia firme que obliga a ello, de modo que su papel se ha centrado en pedir que sólo se abonen los que están debidamente acreditados.

Su letrado, Juan de Dios Ramírez, ha recordado que Arcuri estimó inicialmente el gasto en 30.000 euros, luego justificó unos 7.500 y la cantidad, tras el informe de la Fiscalía, se redujo a los menos de 2.000 euros de hoy.

Tras ser preguntado por la apertura de juicio oral contra Rivas en la vía penal, el abogado ha precisado que el Juzgado les ha dado un plazo de diez días para presentar su escrito de defensa y ha confiado en que sus argumentos sean recogidos y la causa culmine con una sentencia absolutoria, en tanto que el principal problema es la retirada de la patria potestad de los menores.