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AUDIENCIA DE BARCELONA

El fiscal denuncia la inoperancia de las pulseras GPS para controlar condenados con libertad vigilada

Un acusado de agresión sexual llevaba uno de sus dispositivos con la batería gastada cuando abusó sexualmente de un niño

Un técnico ha asegurado en el juicio que es el mismo condenado quien debe cargar el aparato y que los informes se hacen semanalmente

J. G. Albalat

Jaime Riera Galán, acusado de agredir sexualmente a un menor, el pasado 7 de febrero en la Audiencia de Barcelona.

Jaime Riera Galán, acusado de agredir sexualmente a un menor, el pasado 7 de febrero en la Audiencia de Barcelona. / DANNY CAMINAL

El fiscal Miguel Ángel Pérez de Gregorio ha denunciado este miércoles en un juicio contra un agresor sexual reincidente la inutilidad y los fallos en las pulseras GPS utilizadas para controlar a los condenados que tras cumplir la pena de cárcel se le aplica la medida de libertad vigilada. El acusado Jaime Riera Galán, al que se le atribuye haber abusado de un menor de 10 años en febrero del 2016 en Barcelona, llevaba uno de estos dispositivos  proporcionados por la Generalitat. Sin embargo, se había acabado la batería del aparato y no funcionaba. Los informes sobre el control del condenado se elaboran, según ha explicado un técnico, semanalmente de forma automática y se remiten al servicio de medidas alternativas. Por lo tanto, nadie se dio cuenta de que el GPS no funcionaba.

“No acabo de entender como hay un sistema de control que dependa de la persona a la que se quiere controlar”, ha sostenido el fiscal en la vista celebrada en Barcelona. Y es que, tal y como ha admitido un técnico de la Conselleria de Justícia, es el mismo condenado quien debe cargar la batería del GPS. “Solo se tiene que dejar que se agote y ya está", ha incidido Pérez de Gregorio. La acusación pública reclama ocho años de prisión para Riera, que padece una importante disminución intelectual, a la vez que acusa a la Generalitat como responsable civil subsidiario. Es decir, solicita que la indemnización a la víctima del 3.350 euros la pague el procesado y si este no lo hace, la Administración autonómica.   

Nadie avisó al procesado

Riera fue condenado por abusos sexuales a menores en el 2012 a una pena de prisión, que se extinguió en el 2015. Desde entonces, cumplía la medida de libertad vigilada. Para su control, la Generalitat, por orden del juzgado, le instaló una pulsera telemática y un GPS para que estuviera localizado. “La batería me la cargaba otra gente. Yo no. Se tenía que hacer cada día. Nadie me llamó nunca para decirme que no funcionaba”, ha asegurado el acusado. Tampoco le dijeron nada en los juzgados, donde comparecía regularmente, ni los mossos que, según un agente, nunca recibieron la orden de controlarlo. “Nadie me decía nada de la pulsera”, ha insistido el procesado. La Conselleria de Justícia ha disminuido el impacto del uso de estas pulseras y ha explicado que solo se han instalado dos.

El 7 de febrero del 2016, Riera llevaba uno de esos aparatos, pero, según ha confirmado el técnico que se la instaló, sin batería. Ese día, sostiene la fiscalía, sobre las 11.30 horas abordó en la calle Major de Sarrià a un niño, le siguió hasta su domicilio, entro en el portal del edificio con él  y al subir la escalerá abuso del menor, tocándole el pene. El chico no pudo defenderse en un primer momento, pues el acusado le tapó la boca, pero, al final, pudo escapar. Riera ha declarado que no se acordaba de nada.

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