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MEDIO AMBIENTE

Sequía y cambio climático obligan a PP y PSOE a buscar un pacto por el agua

Miriam Ruiz Castro

Balsa de riego seca en la cuenca del Segura.

Balsa de riego seca en la cuenca del Segura. / Miguel Lorenzo

La historia del agua en España es la historia de tantas otras cosas. De la España húmeda y la seca. De la que tiene y la que necesita. La gestión de un bien tan necesario ha enfrentado históricamente a territorios incluso cuando sus dirigentes compartían color político. Pero ahora esas dos Españas tienen algo en común: la carencia. El Gobierno del PP quiere firmar la paz definitiva en la "guerra del agua" con un gran Pacto Nacional para el que cuenta también con el entusiasmo del otro partido con poder territorial, el PSOE.

"Internet no se acaba. El agua, sí". El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente lanzó a primeros de año una campaña tras un 2017 que se convirtió en el segundo año natural más seco desde 1965. Con las reservas de agua en una "situación preocupante" y hasta tres cuencas en sequía prolongada, lo que en 2010 no era más que una advertencia que llegaba de Europa -España consumía anualmente más del 30% de sus suministros a largo plazo- es ya una realidad. El cambio climático aprieta y PP y PSOE coinciden en que no basta con mirar al cielo: hay que enterrar el hacha de guerra, también la interna, y encontrar un discurso común.

Realismo

El eslogan contrasta con aquel "habrá agua para todos" que Mariano Rajoy pronunció en campaña antes de llegar a La Moncloa. "Colocar más agua a mejor precio sin importar cuál sea el territorio ni sus condiciones naturales. Eso fue posible sostenerlo durante un tiempo, pero ahora ya es una ficción", defiende el encargado de dar forma a la postura del PSOE sobre el agua, Hugo Morán.

Desde el Gobierno insisten en que el agua tiene que ser "un punto de encuentro y no de confrontación". Y elogian la labor de sus predecesores, también del PSOE. "Hay que aprender de los errores, pero todo queda en el pasado. Quedémonos con las mejores enseñanzas para ser más eficaces", indica la ministra Isabel García Tejerina. En la misma línea se expresa Morán: "No estamos para cobrar facturas del pasado, sino para tratar de anticipar las del futuro".

El antecedente del Plan Hidrológico de Aznar

Ese ánimo conciliador es la principal novedad en un tema, el de la gestión del agua, en el que ha prevalecido la confrontación política. En 2001, el gobierno de Aznar diseñó el 'rey' de los trasvases: 1.000 millones de metros cúbicos de agua del río Ebro hacia la costa mediterránea. Y 5.000 millones de euros de presupuesto. Mientras se aprobaba el nuevo Plan Hidrológico, catalanes y aragoneses se echaban a las calles pidiendo que se retirara, arropados por partidos de izquierda.

La demagocia del 'agua para todos'

El cambio de color en La Moncloa trajo consigo la derogación del plan. La entonces ministra del ramo, la socialista Cristina Narbona, sustituyó el faraónico trasvase por otro plan que incluía más desaladoras. Fue uno de los momentos más tensos de la guerra del agua, de campañas polarizadas e incluso disparatadas. Los aragoneses pedían "apadrinar a un murciano" para ayudar a paliar su sed, mientras estos respondían llenando los balcones con carteles de "agua para todos".

"En aquel momento en que se apedreaba a una ministra que quería anticiparse, la gente no había padecido aún las consecuencias y era muy difícil de explicar. Frente al discurso de que había que racionalizar el agua, se construía el 'agua para todos' sin limitación, mucho más atractivo", indica Morán. El PP murciano enarboló la bandera a favor del trasvase, que le ayudó a construir incluso mayorías absolutas en el territorio, mientras los socialistas de la región trataban de defender sin mucho convencimiento unas desaladoras que la dirección nacional les había impuesto. Porque en guerras de agua no importa el color político, sino el territorio.

Trasvases, punto de conflicto

En España existen muchos trasvases entre cuencas, algunos incluso desconocidos. Pero no todos igual de conflictivos. El más grande, el trasvase Tajo-Segura, levantado antes de que llegara la democracia, son 264 kilómetros de hormigón que llevan el agua al Levante español. Ese levante seco pero que, en tiempos de burbuja y al calor del ladrillo, construyó verdes campos de golf y enormes urbanizaciones con piscina. Murcia, Alicante y Almería son también "la huerta de Europa": tienen tierra y sol, pero les falta el agua. La trasvasada desde Castilla-La Mancha da de beber a 2 millones y medio de ciudadanos y riega 150.000 hectáreas de cultivo.

Fue en 2013 cuando los populares, que tiñeron de azul todos los gobiernos regionales implicados en el trasvase, agitaron la bandera blanca. El Gobierno firmó un acuerdo con las comunidades que priorizaba a la cuenca cedente y fijaba limitaciones a unas "transfusiones" que estaban deteriorando la cabecera del río. La escasez de agua ha hecho que el trasvase lleve paralizado desde mayo porque los embalses no superan el umbral establecido.

La llegada del socialista Emiliano García-Page a la presidencia de Castilla-La Mancha cambia las cosas. Page defiende el "trasvase cero" salvo para abastecimiento -más del 80% del agua se destina a regadío-, y la ministra responde que será el PSOE quien tenga que poner orden en su casa: "La Generalitat Valenciana o Andalucía, también gobernadas por el PSOE, seguro que tienen posiciones distintas. Entiendo que el debate no es sencillo, pero tenemos que tener la sensibilidad de todo el territorio, no solo la que uno conoce", indica.

Morán, encargado de tan difícil tarea, señala: "No es fácil porque se ha hecho un recorrido que no lo facilita en absoluto. Se ha elevado el agua en algunos casos a la categoría de elemento identitario, y eso se ha incorporado al acervo social de la ciudadanía en muchos territorios y la labor didáctica va a ser importante". Una labor que ya parecen estar haciendo en cada palabra de su discurso tanto Morán como la propia ministra. "El agua es un tema que levanta pasiones. Quitémosle un poco de pasión", pide García Tejerina, y manda un aviso a navegantes: "Lo que está claro es que habrá una posición común del Gobierno y del PP, sabiendo que cada región es distinta".

Incentivos al bajo consumo

El PSOE quiere que el agua sea un indicador de "excelencia agraria", según explica Morán, y propondrá un sistema de incentivos a las explotaciones que produzcan los mismo con menos consumo. "Las que pongan en marcha las mejores buenas prácticas en la gestión del agua tienen que tener un valor añadido en términos de ayudas", señala Y apuestan por incentivar la incorporación de altas tecnologías como la desalación. Además, se inclinan por abordar una auditoría hidrológica que concluya con un "catálogo del estado de todas las infraestructuras".