JUSTICIA JUVENIL

Las agresiones y abusos sexuales cometidos por menores se disparan

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J. G. Albalat

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La detención de tres menores, dos de 14 años y el tercero de 16, por el asesinato de una pareja de ancianos de 87 años en Bilbao, ha disparado de nuevo las alarmas sobre el aumento de las conductas violentas en los jóvenes delincuentes. Las estadísticas de justicia juvenil (de 14 a 18 años) no reflejan un incremento de los homicidios cometidos por muchachos, pero sí el crecimiento de determinados delitos, como las lesiones producidas a raíz de una agresión o las agresiones y abusos sexuales. La Fiscalía de Barcelona ha alertado en su última memoria de esta circunstancia, ya que en la provincia catalana también se registró un incremento en el 2016, en comparación con el año anterior, de los procesos judiciales incoados por robos con fuerza y sustracciones con violencia e intimidación. En su opinión, "ha habido un aumento de las conductas violentas". 

El número de homicidios consumados o en grado de tentativa cometidos por menores del 2011 al 2016 en toda España asciende a 319 (42 en Catalunya), según los datos de la memoria del 2017 de la Fiscalía General del Estado. De los 68 que se contabilizaron en el 2011, se ha pasado a 45 en el 2016. En el transcurso de ese periodo ha habido altos y bajos en las cifras, aunque en los últimos años se ha constatado una cierta estabilidad. El informe sostiene que esta cifra no es “alarmante”, teniendo en cuenta que la mayoría de los agresores no consiguieron el propósito de matar a la víctima, se archivaron los procesos o se calificaron al final como lesiones graves u homicidios imprudentes.

La fiscalía, en cambio, sí que ha constatado una subida de los delitos de lesiones, pues pasaron de 9.959 causas abiertas en el 2015 a 11.283 en el 2016. Sin embargo, esta subida puede resultar engañosa, pues es la consecuencia de registrar como delitos leves lo que antes de la reforma del Código Penal (2015) eran faltas. La violencia machista (433 en el 2015, 543 en el 2016) y las agresiones y abusos sexuales también se han disparado (1.081 en el 2015, 1.271 en el 2016), mientras que los robos con violencia e intimidación no han variado de forma ostensible de un año a otro (4.404 en el 2015 y 4.342 en el 2016). Eso sí, se venía de picos muy pronunciados, ya que en el 2011 el número de causas judiciales incoadas por este tipo de delitos fueron 7.882. El ascenso también se ha registrado en los delitos de hurto (7.055 en el 2015 y 8.922 en el 2016) y daños (3.093 frente a 3.265). 

Las víctimas y la violencia machista

Un dato “preocupante” que ha detectado la Fiscalía General del Estado respecto a los delitos  de violencia machistas cometidos por menores es que hay víctimas adolescentes que restan importancia a estas agresiones y disculpan al joven maltratador, teniendo que ser familiares o terceras personas quienes denuncien. En su última memoria, apunta la corta edad de algunas de las afectadas (entre 12 y 14 años) y la “despreocupación” de sus familiares, lo que obliga a intervenir a los servicios de protección del menor.

La abogada Luz García Bello, del despacho VPG, sostiene que  “es significativo" que cada vez más en la esfera de jurisdicción de menores se encuentren "con un incremento de conductas violentas, lo que conlleva un aumento de los delitos de lesiones por agresiones, abusos sexuales, daños e, incluso, violencia doméstica”. Estas conductas, en su opinión, también se han incrementado en menores de 14 años que no pueden ser enjuiciados al no tener responsabilidad penal.

Según esta abogada, el “incremento de las conductas violentas en los menores es debido al fracaso en la educación, al modelo social y al mayor consumo del alcohol y sustancias estupefacientes en personas cada vez más jóvenes. Ese fracaso y frustración personal les lleva a cometer cada vez más comportamientos violentos”.

Los orígenes del conflicto

El juez de menores de Barcelona David García Esteban afirma que principalmente hay dos factores que conducen a la comisión por parte de menores de delitos violentos: el consumo de sustancias tóxicas, en concreto hachís, y el absentismo escolar. Otro elemento que también influye es la existencia de una familia desestructurada, por la falta de control del joven. Este magistrado incide que la medida de internamiento en régimen cerrado en un centro se dicta en casos graves violentos o de reincidencia. En el 2016 se aplicó en España en 571 casos, cuando el año anterior se hizo en 709. La medida más habitual es la libertad vigilada que se acordó en 9.259 procesos. A mucha distancia se encuentra la convivencia familiar o educativa y las prestaciones en beneficio de la comunidad.

Tratamiento para gestionar las emociones

En Catalunya, la <strong>Conselleria de Justícia</strong> cuenta con un programa específico para tratar las conductas violentas. Entre los técnicos tiene un nombre curioso: Covi (que pronunciado se puede identificar con Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona). Son las siglas de “conducta violenta”. <strong>Francesc Elias,</strong> psicólogo del centro de <strong>Can Llupià,</strong> asegura que el primer objetivo es evaluar los factores de riesgo que presenta el muchacho. Es decir, esclarecer los elementos que llevan al joven a delinquir. Entre esos factores se encuentra la historia del menor, dónde reside o lo que ha hecho, si tiene un buen rendimiento escolar, los vínculos emocionales o si consume alguna sustancia tóxica. “El barrio donde vive no lo podemos cambiar, pero sí al muchacho”, explica el experto. Tras el análisis de estos factores, se aplica un tratamiento, tanto individualizado como grupal, para que el menor  mejore su conducta y aprenda a controlar y gestionar las emociones, como la ira, o impulsividad. Es decir, se intenta hacerle ver que, en ocasiones, sus valores y creencias le provocan una distorsión de la realidad. Ejemplo: "Me mira mal y por eso le pego", cuando igual nadie le ha mirado mal.  Cuando el joven tiene una medida de libertad vigilada (no está en un centro) por un delito violento, también se le asignan dos profesionales para su seguimiento, entre ellos un psicólogo que le elabora un programa individualizado adaptado para tratar su problema. Si es necesario, estos técnicos se ponen de acuerdo también con la familia.