CRISIS SANITARIA
El cerco contra los fabricantes de opioides se estrecha en EEUU
Nueva York demanda a varias farmacéuticas y distribuidoras por su papel en la epidemia
Ricardo Mir de Francia
Periodista
Especialista en política internacional y reportero. Fue corresponsal en Washington durante una década, donde cubrió las presidencias de Obama, Trump y los inicios de Biden. Antes estuvo otros seis años en Oriente Medio. Licenciado en Periodismo por la Pompeu Fabra y con estudios de posgrado en Derecho Internacional, se ocupa actualmente de la guerra en Ucrania. Interesado también en temas de investigación, geopolítica de la energía, cambio climático y economía.
Ricardo Mir de Francia
Durante más de dos décadas, las autoridades estadounidenses se dedicaron a mirar hacia otro lado mientras los analgésicos opioides inundaban el país dejando a su paso un reguero de muertos por sobredosis, pero esa pasividad se ha acabado. Decenas de ciudades y condados de todo Estados Unidos han demandado a los fabricantes y las distribuidoras de estos fármacos altamente adictivos en una ofensiva judicial que recuerda a la que puso en jaque a las tabacaleras a finales de los años noventa. Nueva York ha sido la última ciudad en sumarse a la campaña. Solo el año pasado murieron más neoyorkinos por sobredosis opioides que por el saldo combinado de los accidentes de tráfico y los homicidios.
“La industria farmacéutica ayudó a alimentar esta epidemia al propagar engañosamente estos peligrosos medicamentos y enganchar a millones de estadounidenses para aumentar sus ingresos”, dijo el alcalde Bill de Blasio al anunciar el martes la demanda. El litigio está dirigido contra ocho fabricantes de opioides y tres distribuidoras. La lista de incluye desde Purdue Pharma, el fabricante del OxyContin, a Endo (Percocet) o Cephalon y Jenssen, que comercializan el fentanilo en presentaciones con parches o en chupa-chups por vía oral. Teva, Johnson & Johnson o Watson también figuran en la demanda. “Es hora de que la industria farmacéutica pague por lo que ha hecho”, dijo De Blasio al anunciar la medida judicial.
La ciudad les exige 500 millones de dólares para que se hagan cargo de parte de la factura a la que tiene que hacer frente para combatir la epidemia. Solo el año pasado murieron más de 1.100 neoyorkinos por sobredosis de estos fármacos. Su prevalencia en el tratamiento contra todo tipo de dolor crónico, unida al legado de dependencia y adicción que han generado, ha revitalizado el mercado negro de heroína y fentanilo, un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, cuyo uso estuvo durante mucho tiempo circunscrito a los quirófanos, donde se utilizaba como anestésico.
El aluvión de reclamaciones legales contra las farmacéuticas, a las que se acusa de haber puesto en marcha la crisis de salud pública que ha matado a más de 200.000 estadounidenses desde 1999 con agresivas campañas de marketing en las que minimizaron los riesgos de estos fármacos, comenzó en Chicago en 2014. Desde entonces se han sumado otras ciudades como Seattle, Cincinnati o Indianapolis, así como decenas de pequeños y grandes condados de todo el país. En total más de 60, según los últimos recuentos, a la que se sumará Miami en los próximos días. Paralelamente, más de 40 estados están investigando a la industria y planean una demanda conjunta.
Crece la cifra de muertos
Hace unos meses el presidente Donald Trump declaró la emergencia de salud pública para hacer frente a la crisis, pero la cifra de muertos sigue creciendo de forma imparable. En 2016, los opioides se cobraron la vida de 42.249 estadounidenses, una cifra que incluye tanto las sobredosis por analgésicos contra del dolor como por heroína y fentanilo adquiridos en el mercado negro. Esa cifra es un 28% más alta que la de 2014 y un 47% superior a la del 2014, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC).
La demanda neoyorkina ha servido también para confirmar el activismo judicial de su alcalde, decidido a exigir responsabilidades sociales a las grandes empresas por el coste que sus actividades tienen para el erario público. El pasado 10 de enero, De Blasio anunció una demanda civil contra varias petroleras por su contribución al cambio climático, una medida que fue ampliamente celebrada por los activistas medioambientales.
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